Libertades cívicas versus la interpretación de la ley
Varios medios anglosajones han cuestionado la acción del gobierno de España sobre el anterior gobierno de Generalitat de la Cataluña.
La posición del gobierno Rajoy en relación el independentismo catalán que ha pasado de la absoluta inacción hacia una persecución a varios políticos catalanes a través de demandas en la justicia española han provocado la sorpresa de varios medios internacionales.
Recientemente el periódico conservador The Times aconsejaba el gobierno español “dejar de acosar a los separatistas catalanes y negociar por el interés nacional”. Y reforzaba el “hablar más de pluralismo que de sedición”.
Incluso este problema pasaba hacia el otro lado del Océano Atlántico, y el prestigioso New York Times afirmaba categóricamente que el procés creaba “un gran daño” al Estado español.
Y en un editorial rezaba que “si los partidos políticos catalanes de hecho están preparados para participar en unas elecciones, Rajoy debería mostrar magnanimidad disculpándose por el comportamiento de la policía el 1 de octubre y prometiendo un mayor respeto por los anhelos nacionales catalanes”.
Pero volviendo al Reino Unido, la BBC fue más lejos en la interpretación en el conflicto entre el Estado español y la Generalitat de Cataluña.
La televisión pública británica ya ha llegado a preguntar a sus espectadores en inglés: “eight catalán ministres have been jailed. Does the panel agree that Spain is behaving like a fascist state?”.
Y las dudas sobre la democracia en España son cada vez más grandes y muchos analistas políticos comparan con la calidad de libertad de expresión que es vivida por ejemplo en Polonia o Hungria.
Para empeorar el ambiente social en España, varios raperos y humoristas han sido demandados por la justicia española, por su humor muy ácido y a veces negro. Para nada se justifican las condenas de prisión. La libertad de expresión puede estar seriamente en peligro.
Fue necesario llegar al Tribunal Supremo de Justicia para la twittera Cassandra para ser absuelta de la condena de prisión de 1 año, y el tribunal superior ha declarado lo siguiente: “no contiene ningún comentario ácido contra la víctima del atentado ni expresa frases o comentarios hirientes, lacerantes o ultrajantes contra su persona o cualquier aspecto concreto de su vida publica o privada”.
Cassandra ha descrito su alivio por la decisión del Supremo Tribunal, pero no dejado de escribir en las redes sociales por la libertad de expresión de otros activistas: ”muy preocupada por otras condenas como la de Valtonyc y otros raperos y tuiteros. Sigamos luchando por la libertad de expresión para todos”
E incluso dentro del sistema judicial las críticas a este caso y sobre la libertad de expresión, continúan haciéndose oír. Y Joaquín Bosch Grau, magistrado y portavoz territorial de la asociación de juezas y jueces para la democracia ha reconocido que “es lamentable que Cassandra Vera haya tenido que llegar hasta el Tribunal Supremo para que no arruinen su vida. Pero en esas reiteradas discrepancias judiciales, tan negativas para la seguridad jurídica, nos estamos jugando las libertades. Sigamos reclamando nuestros derechos”.
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