El contexto cultural y el acercamiento de los hábitos sociales hacen que España y Portugal estén prácticamente empatados en “Doing Business”.
Un informe publicado recientemente por el Banco Mundial denominado “Doing Business”, sitúa a España en el 30º lugar con 77.02 puntos y Portugal se sitúa a poca distancia en el 34º con 76.84 puntos.
España como Portugal han descendido de forma ligera en el ranking “Doing Business”. De este modo, España cayó dos puntos, mientras que el panorama portugués para hacer negocios cayó cinco posiciones.
Los primeros lugares de esta lista están ocupados por:
1º Nueva Zelanda (86,59)
2º Singapur (85,24)
3º Dinamarca (84,64)
4º Hong Kong (84,22)
5º Corea del Sur (84,14)
6º Georgia (83,28)
7ª Noruega (82,95)
8º Estados Unidos (82,75)
9º Reino Unido (82,65)
10ª Antigua República Yugoslava de Macedonia (81,55)
En cuanto a las grandes potencias la situación es la siguiente:
46º China (73,64)
39º Japón (75,65)
24º Alemania (78,90)
32º Francia (77,29)
109º Brasil (60,01)
Doing Business es un informe económico que fue lanzado por el Banco Mundial en 2002, que compara la economía del mundo teniendo en cuenta la facilidad o no de generar negocios.
Entre sus criterios de evaluación se incluyen: el impacto de las regulaciones de los Estados sobre las actividades empresariales, la competencia entre los países para lograr una reglamentación más eficiente, las medidas de referencia sobre las reformas en el contexto de los negocios de cada país, y el mayor o menor volumen de negocios de cada país.
El informe Doing Business también incluye información más detallada sobre los países de este informe, en particular de sus regiones y de sus principales ciudades. Y se acompañan de recomendaciones de reformas estructurales que deben aplicarse.
En términos empresariales, el informe Doing Business analiza las leyes y regulaciones que influyen en las áreas del ciclo de vida de una empresa.
Las principales áreas de estudio de este ciclo son: creación de empresas, gestión de licencias de construcción, obtención de energía eléctrica, registro de propiedades, concesión de crédito, protección de los inversores minoritarios, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de los contratos y resolución de los procedimientos de insolvencia.
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