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Francisco Rivas, Director General del Observatorio Nacional Ciudadano escribe ¿Por Qué México no Logra Recuperar la Paz?

¿Por Qué México no Logra Recuperar la Paz?

En los últimos 20 años las condiciones de violencia de México se han convertido en una auténtica crisis humanitaria que incluye el incremento de homicidios, desapariciones forzadas y cometidas por particulares, desplazamientos forzados, reclutamiento de niños y jovenes en la delincuencia, violaciones sistemáticas de Derechos Humanos, entre otras lamentables manifestaciones. En caso para decir: ¿Por Qué México no Logra Recuperar la Paz?

¿Cómo llegó México a crecer un 150% su tasa de homicidio doloso pasando de 9.34 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en 2006 a 23.05 en 2020? ¿Cómo es posible que los registros de desaparecidos en 2012 reportaban  20 mil entre extraviados y desparecidos y en 2020 llegáramos a más de 65 mil?

La respuesta se encuentra analizando situaciones históricas, desde la formación del México post-revolucionario hasta los años 90 del siglo pasado. Factores nacionales e internacionales; una profunda debilidad institucional; así como aspectos socio-culturales que ayudaron a fortalecer la capacidad criminal por encima a la del Estado.

En México las corporaciones de seguridad y justicia fueron creadas para mantener un mínimo de orden social, con fuertes acentos de control político. La ausencia de contrapesos, la hegemonía por más de 70 años de un sólo partido produjo un entramado institucional dirigido a perpetuar el control de un partido más que a garantizar la seguridad y el acceso a la justicia de los mexicanos.

La llegada de alternancia y contrapesos en las cámaras, en las gubernaturas y alcaldías e incluso en la presidencia, coincidieron con factores internaciones – la intervención norteamericana en Centro y Sudamérica, los atentados del 11 de septiembre- que generaron un espacio de oportunidad para los grupos criminales que aprovecharon la ruptura de pactos entre el Estado y la delincuencia organizada, el debilitamiento de los cárteles colombianos, para así volverse en los grupos predominantes para la siembra, trasiego y distribución de las drogas hacia los Estados Unidos.

Para ese entonces México no contaba con una policía federal encargada de hacer inteligencia, prevenir, reaccionar, perseguir el delito; de igual manera la carencia de las instituciones de procuración, de administración de justicia y el sistema penitenciario comprendía prácticas obsoletas, con una insuficiencia de recursos, sistemas de evaluación y rendición de cuentas que favorecían la corrupción e impunidad.

Es hasta finales de los años 90 que se forma en México la primera Policía Federal Preventiva (PFP) con apenas 3 mil elementos para un país de aproximadamente 100 millones de habitantes que tenía, entre sus funciones, combatir a la delincuencia organizada.

Desde finales de 2005 se comienzan a registrar hechos violentos sin antecedentes, cuerpos mutilados y exposición de cadáveres en vía pública.

El sexenio de Calderón (1-12-2006) inicia con la declaración de Guerra contra el Narco, un ejercicio para intentar acotar la capacidad de fuerza de los criminales.

Sin una sólida policía, Calderón incluye al Ejercito en labores de seguridad. De 2006 a 2009 se establece la transformación de la PFP en la Policía Federal (PF) con 5 mil elementos en 8 divisiones especializadas.

El año con la mayor tasa de homicidios de dicho sexenio fue 2011, cuando se llegó a nivel nacional a 19.37 homicidios por cada 100 mil habitantes.

En esa administración se dispararon las violaciones a Derechos Humanos y las evidencias de un uso sistemático de la tortura como método de investigación. En contraste, la estrategias de dicho gobierno llevó a un cambio de tendencia en el homicidio a partir de finales de 2011 y que se sostuvo hasta 2015, cuando la tasa de homicidios regresó a los 12.96 por cada 100 mil habitantes.

En el sexenio de Calderón (2006-2012) se pusieron en marcha varios programas y acciones que impactaron en el marco normativo, en obligaciones y capacidades y en las capacidades de Estados y municipios para enfrentar a la delincuencia.

Al cierre de la administración de Calderón la PF contaba con 30 mil elementos, más del 80% de ellos con por lo menos licenciatura y sistemas tecnológicos avanzados para combatir el delito, se estableció por primera vez un modelo policial para las policías locales y se inició la transformación de sistema de justicia penal de adversarial a acusatorio.

Lamentablemente la administración siguiente, la del Presidente Peña, consideró resuelto el problema de violencia y como en sus primeros años de gobierno gozó de los efectos de disminución de delitos del sexenio de Calderón, redirigió los recursos de dicho sector, abandonó el crecimiento de la PF lo que permitió el resurgimiento de la violencia.

Si en 2015 la tasa de homicidios dolosos fue de 12.96, la de 2016 fue de 16.97, la de 2017 de 20.86, a 24.04 en 2018.

Al término de su mandato, Peña entregó los sistemas tecnológicos federales obsoletos y a la PF con menos integrantes que como la recibió, con poco más de 28 mil integrantes.

Además en su sexenio crecieron la trata y el tráfico de personas, el robo de hidrocarburo, las extorsiones presenciales y tuvo el año con la mayor tasa de secuestros de la historia.

El actual gobierno, el de López Obrador, recibió al país en una profunda crisis de violencia, como respuesta  prometió un viraje en la estrategia de seguridad, concentrándose en las causas más que en la reacción al delito y la transformación de la PF en una institución civil más grande, la Guardia Nacional (GN).

Dichas promesas de campaña no corresponden con los hechos de gobierno: López Obrador echó a andar programas de transferencia económica a ciertos grupos sociales sin que alguno de ellos considerase la prevención situacional del delito; redujo sustancialmente los recursos para prevenir, reaccionar y perseguir el delito y, tras eliminar a la PF, militarizó la seguridad nacional, ya que la GN no cuenta con ninguna de las características de institución civil: su una estructura, mandos, procesos de formación y régimen disciplinario son militares.

En el actual sexenio el gasto público concerniente a todos los rubros de seguridad y justicia -incluyendo la desaparición de la PF y la creación de la GN- es apenas el 0.8% del PIB.

No debe sorprender que ante una ausencia de ruta y sin recursos para operar, su primer año de gobierno, 2019, fuese el peor año de la historia de nuestro país en homicidio doloso –con una tasa de 24.14 por cada 100 mil habitantes-, feminicidio, lesiones dolosas, narcomenudeo, trata de personas, robo a negocio y violencia familiar; el segundo peor en extorsión, tercero peor en violación; quinto peor en secuestro y robo con violencia; octavo peor en robo a transeúnte y se sumaron 9,000 víctimas a la estadística de desaparecidos.

Entre 2019 y 2020 se registró una imperceptible disminución del homicidio doloso, una marcada disminución de robos, secuestros y extorsiones y un aumento de feminicidio, trata de personas, narcomeudeo y violencia familiar, que llegaron a su máxima expresión.

Dichas reducciones no deben considerarse como un logro, no hay evidencia que sea resultado de una estrategia sino de la acotada movilidad de personas debido a la pandemia por COVID19.

¿Por qué México no logra recuperar la paz? Son muchas las razones, algunas de las ya expuestas como:

  1. Se destinan a seguridad y justicia muy pocos recursos respecto al problema -si el promedio de países de la OCDE gasta un 2% de su PIB, antes de Calderón en México se gastaba apenas el 0.5%; con Calderón se gastó el 1.2%, con Peña el 1%y  con López el 0.8%-.
  2. Diagnósticos equivocados que llevan a decisiones erróneas, incoherencias y desperdicios de recursos.
  3. Falta de continuidad de procesos que impulsa a que cada 6 años -con la llegada de un nuevo presidente-, se reseteé todo y se vuelva a comenzar de cero o simplemente se abandonen los proyectos.
  4. La cooperación internacional es insuficiente.
  5. No existe un verdadero compromiso por combatir el lavado de dinero, el tráfico de armas, droga, personas y efectivo, lo que nutre de recursos superiores a la delincuencia respecto a los del Estado.
  6. La politización de las decisiones en materia de seguridad, la disparidad de apoyos que la federación otorga a entidades gobernadas por aliados políticos y el abandono para aquellas gobernadas por adversarios, impide que se construyan capacidades homologadas para combatir el delito.

¿México puede recuperar la paz? ¡Indudablemente! Se requiere un proyecto de largo respiro que trascienda administraciones, un diagnóstico objetivo sustentado en datos y no creencias, un plan de acción capaz de responder a los retos, los recursos necesarios para que la estrategia se cumpla, capacidad de evaluar coherencia, eficiencia y eficacia de políticas públicas pero sobre todo, dejar a un lado la politiquería y pensar en el bienestar del país y su gente.

Todos aspectos que se antojan casi imposibles de obtener debido a que el actual gobierno insiste en repetir errores del pasado, cuanto más empeora la seguridad menos invierte, los delincuentes diversifican cada vez más su labor y dado que los dos primeros meses de este 2021 los homicidios y otros delitos sigue creciendo.

Francisco Rivas

Director general del Observatorio Nacional Ciudadano

@frarivasCoL

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