La migración es un fenómeno global que implica no solo la llegada de personas a nuevos países, sino también complejas dinámicas de tránsito y devoluciones. El incremento de llegada irregulares de migrantes constituye una emergencia que demanda una respuesta integral y multifacética. Estos desafíos son posible abordarlos mediante la implementación de políticas inclusivas, la promoción de la educación y el establecimiento de la protección legal, para así promover una convivencia armoniosa en sociedades cada vez más diversas.
En palabras de Calogeno Pizzolo, la presión de las personas desplazadas del Magreb y del África subsahariana por entrar en Europa, bien por Malta, Italia, España o los Balcanes tienen generalmente como fin, cruzar estas fronteras para beneficiarse de la legislación europea por la que nadie debe de ser expuesto a actos inhumanos a través de su expulsión, pues podría implicar que su repatriación volviese a poner su vida en peligro.
En Europa socialmente se infiere que la gran mayoría de los solicitantes de asilo no son perseguidos o desplazados, sino que son inmigrantes económicos en busca de una vida mejor. La ironía de esta suposición es que no es lo que observamos; los conflictos de Siria, Sudán, Mali o Níger son buen ejemplo de lo irreal de esas críticas. Por otro lado, Europa por su baja natalidad necesita urgentemente inmigrantes. Aquellos planteamientos han originado una mayor resistencia de los estados europeos a la admisión de nuevos inmigrantes, e incluso a intentar reducir el número ya existente.
No obstante, cuando creemos que el problema de la inmigración es un problema de los países ricos, olvidamos que Reino Unido tiene cinco solicitantes de asilo por cada 1000 habitantes, mientras Liberia tiene 124 desplazados por cada 1000 habitante, Armenia 105 y Afganistán 68.
Es un hecho palpable que cientos de miles de solicitantes de asilo presionan las puertas de la Unión Europea, Gran Bretaña, Estados Unidos o Nueva Zelanda para poder entrar, ya sea legal o ilegalmente. La solución para ello es no es fácil de responder. Francia y Bélgica han establecido acuerdos bilaterales como países de tránsito con Reino Unido, para gestionar la devolución de migrantes que no tienen derecho a asilo. Estos acuerdos buscan agilizar el proceso y reducir la presión en el sistema de asilo británico.
Las devoluciones a países de tránsito temporal han sido criticadas por no siempre garantizar la seguridad y los derechos humanos de los migrantes. La falta de infraestructuras adecuadas y protección en algunos de estos países generan preocupaciones significativas. Las devoluciones pueden exacerbar la crisis humanitaria en los países de tránsito, que a menudo ya están lidiando con sus propios desafíos socioeconómico.
Ahora bien, estos estados avanzados que defienden los derechos humanos, denotan una perceptible molestia de la opinión pública, cuando confinan a personas protegidas por la Convención sobre Refugiados de la ONU. A fin de dar una solución a ello, los estados disfrazan esta práctica a través de unos términos engañosos, llamando a los centros de detención de desplazados “casa de huéspedes “(Turquía), “albergues protegidos” (Hungría) o “centros de acogidas” (Italia).
Italia ha firmado acuerdos con Libia y Albania para la devolución de migrantes interceptados en el mar Mediterráneo. Estos acuerdos incluyen apoyo financiero y logístico para las autoridades de estos dos países con el fin de gestionar los flujos migratorios. Los migrantes devueltos a menudo son retenidos en centros de detención, donde se enfrentan a condiciones precarias y, en algunos casos, abusos y violencia. Las condiciones han sido ampliamente criticadas por organizaciones internacionales que documentan abusos graves contra los migrantes. Las devoluciones a estos países son vistas como una violación de los derechos humanos básicos. Italia, al igual que España o Grecia, han instado a la Unión Europea compartir la responsabilidad de la gestión migratoria, buscando una política común que alivie la presión sobre los países fronterizos.
En 2022, el gobierno británico anunció un controvertido plan para enviar a solicitantes de asilo a Ruanda para el procedimiento de sus solicitudes. Este plan se enfrenta a desafíos legales y de momento no ha prosperado. Nueva Zelanda y Australia, aunque menos afectadas por la migración masiva que Europa, se han enfrentado igualmente a desafíos con solicitantes de asilo que llegan a través de países del Pacífico. Las políticas de devolución se han enfocado en acuerdos con Nauru y Papúa Nueva Guinea para la creación de centros de detención temporal de migrantes en estos últimos países. Estos centros de procesamiento han sido fuertemente criticados por las duras condiciones de vida, que han llevado a protestas frecuentes y a numerosos casos de autolesiones y suicidios entre los detenidos. En 2016, la Corte Suprema de Papúa Guinea declaró que la detención en estas condiciones era inconstitucional. La política de tránsito temporal implementada utilizando centros de procesamiento en Papúa, aunque ha reducido el número de llegadas por mar, ha suscitado graves preocupaciones sobre los derechos humanos. La búsqueda de soluciones más humanitarias sigue siendo un desafío crucial para la comunidad internacional.
Por estas razones, ante el actual éxodo de migrantes, la UE debería promover en estos países emisores, un desarrollo político, social, económico y humanitario que busque apoyar los sectores productivos de cada uno de ellos, en cuya situación interna se estuviera originando un éxodo masivo de población.
La UE hace años firmó sendos acuerdos de índole económica con Marruecos y Libia para que controlasen el masivo flujo de migrantes hacia los países del sur de Europa. De igual forma acordó con el gobierno turco que las personas que llegasen irregularmente a las islas del Egeo fuesen devueltas a Turquía a cambio de una compensación económica. Pues bien, más recientemente Italia y Dinamarca, de forma individual, han buscado un tercer país que aloje la migración que no pueden asumir, ni siquiera temporalmente, en sus territorios. Es el caso del acuerdo por el que migrantes rescatados en el Mediterráneo por barcos italianos son enviados a Albania para que, desde allí tramiten su documentación. De igual modo Dinamarca prepara un plan similar de traslado de migrantes a Egipto y Etiopía, sin descartar a Ruanda, donde este último país ya acoge a refugiados mayoritariamente de Sudán y Eritrea, rechazados por Israel. Con esta política tratan estos gobiernos de trasladar a los países emisores la problemática inherente a su acogida de migrantes y soslayar, en parte, que las mafias negocien con sus vidas y evitar muertes innecesarias.
Aunque la externalización de fronteras de la Unión Europea ha dejado de ser un tabú, y ahora es apoyada, de un modo u otro, por la mayoría de los partidos en el parlamento europeo, Bruselas rechaza que cada país unilateralmente llegue a acuerdos migratorios con terceros países, ya que ello sólo desplazaría los flujos de migrantes de unos países a otros de la UE, originando enfrentamientos entre sus gobiernos. El pasado mes de mayo un numeroso grupo de países solicitó a la CE, al modo de los ejemplos de Australia, Reino Unido o Italia, la creación fuera de la Unión Europea de centros para los solicitantes de asilo rescatados en el mar. En una carta dirigida a la CE, los ministros de interior de quince países, piden “el establecimiento de asociaciones integrales, mutuamente beneficiosas y duraderas con países socios clave, a lo largo de la ruta migratorias”.
España admite el problema y sabe de la necesidad de buscar soluciones conjuntas, pero considera que los traslados de migrantes a terceros países pueden no garantizar el respeto de los derechos humanos. Para tratar de dar en parte una solución al problema de la llegada masiva de migrantes ilegales a sus costas, firmó hace años acuerdos con Marruecos, Mauritania y Senegal para minimizar el flujo de migrantes, a cambio de incentivos económicos a los gobiernos de esos países. No obstante Canarias vive envuelta en una tormenta que no parece amainar. La emergencia humanitaria de migrantes, acompañados cada vez en mayor número de menores no acompañados, llegados de aquellos países en viejos cayucos, son el epicentro de una negociación frustrada. A pesar de esta complicada situación, sorprendentemente España ha sido uno de los países que ha aceptado solicitantes de asilo que inicialmente buscaban refugio en Estados Unidos, a pesar del problema que tiene planteado por la continua y numerosa llegada de inmigrantes irregulares a sus costas.
Está claro que la ruta migratoria africana se está desplazando progresivamente del Mediterráneo central al occidental. De algún modo, las primaveras árabes propiciaron un mayor uso de la vía central, mientras que la política italiana de buscar la cooperación de la autoridad de Libia y Albania, la está volviendo menos apetecible. Sería difícil pronosticar cuanto tiempo se mantendrá el actual flujo migratorio en el Mediterráneo occidental y en la vía canaria, si aumentará o se mantendrá en los parámetros actuales.
En resumen, los estudiosos estiman que los migrantes seguirán llegando a las costas e islas del sur y oeste de Europa. Una gendarmería naval europea no parece posible ni resultaría eficaz. Los grandes países continentales como Francia y Alemania seguirán absorbiendo la mayor parte de esa migración mientras sigan ofreciendo oportunidades razonables de trabajo y no se planteen políticas de deportación o expulsión, como ya está ocurriendo en Gran Bretaña. En estos días también Alemania ha anunciado controles adicionales en sus fronteras en pleno debate migratorio, justificando su decisión por la presión migratoria y el peligro islamista, mientras Austria declara q no aceptará refugiados rechazados en las fronteras alemanas. Igualmente, las autoridades belgas han reaccionado con indignación a los planes de Hungría de fletar autobuses gratuitos para enviar a Bruselas a demandantes de asilos llegados a su país. El objetivo del gobierno húngaro es expresar su rechazo a la política de asilo e inmigración de la Unión Europea.
Quizás una posible solución sea el plan de Enrico Mattei, fundador del conglomerado italiano ENI, que pretende apoyar el desarrollo energético del norte de África y así crear las bases para un desarrollo económico que desincentive la migración y el riesgo de cruzar el Mediterráneo. De cualquier modo, lo que los estudios de opinión recogen es que la sociedad europea quiere ante todo orden y está alarmada por el caos de las fronteras.
Según Calogeno Pizzolo, la situación económica actual de la gran mayoría de los países africanos, viene determinada por la debacle económica que supuso la descolonización y el hecho de que nunca se crease una clase media que diese estabilidad a los sistemas políticos de estos países. Es de general aceptación que un país exitoso es aquel con abundantes instituciones civiles -asociaciones, partidos políticos o sindicatos- infraestructuras modernas que comuniquen al país y un buen nivel de educación.
Por estas razones, ante el actual éxodo de migrantes, la UE debería promover en estos países emisores, un desarrollo político, social, económico y humanitario que busque apoyar los sectores productivos de cada uno de ellos, en cuya situación interna se estuviera originando un éxodo masivo de población.
Muchos países olvidan respecto a esta emergencia, que lo que está en juego no son solo números y acuerdos entre países, si no la vida de hombres, mujeres y niños, cuyo futuro parece depender de un hilo cada vez más fino.
En palabras del Alto Comisionado de ACNUR, Volker Türk, “los derechos humanos no están en crisis. Pero el liderazgo político necesario para hacerlos realidad, si lo está”.
Rafael Pérez Peña es Doctor en Derecho Internacional Público
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