El gobierno británico ha introducido nuevas normas migratorias que prácticamente imposibilitan que los refugiados que lleguen al país en pequeñas embarcaciones obtengan la ciudadanía británica. Las nuevas directrices estipulan que cualquier persona que ingrese al Reino Unido de manera irregular —ya sea en barco, escondida en un vehículo o mediante otros medios peligrosos— será rechazada para la ciudadanía, sin importar el tiempo transcurrido desde su entrada. En un comunicado oficial, el Ministerio del Interior afirmó que estas medidas buscan dejar claro que toda persona que ingrese ilegalmente al Reino Unido enfrentará el rechazo de su solicitud de ciudadanía. No obstante, estas modificaciones han sido duramente criticadas por el Consejo de Refugiados y por algunos parlamentarios laboristas, como Stella Creasy, quien señaló que estas políticas condenan a los refugiados a permanecer «perpetuamente como ciudadanos de segunda clase».
Las nuevas normas, reveladas inicialmente en el blog Free Movement, fueron implementadas el 10 de febrero de 2025 en las directrices para el personal de visas e inmigración. Estas directrices describen que cualquier persona que solicite la ciudadanía tras haber ingresado ilegalmente será rechazada, independientemente del tiempo transcurrido desde su entrada. Asimismo, se aclara que quienes lleguen sin una autorización de entrada válida o una autorización de viaje electrónica, después de haber realizado un viaje peligroso, también serán rechazados para la ciudadanía. Cabe recordar que, anteriormente, los refugiados que ingresaban por vías irregulares debían esperar 10 años antes de poder ser considerados para la ciudadanía. Sin embargo, las nuevas normas reflejan un cambio drástico en la política migratoria del Reino Unido, a pesar de que el país es signatario de la Convención de la ONU sobre Refugiados de 1951, que prohíbe penalizar a los solicitantes de asilo por entradas irregulares.
El gobierno británico ha introducido nuevas normas migratorias que prácticamente imposibilitan que los refugiados que lleguen al país en pequeñas embarcaciones obtengan la ciudadanía británica
El nuevo Proyecto de Ley de Seguridad Fronteriza, Asilo e Inmigración, aprobado en su primera votación en la Cámara de los Comunes a principios de febrero, busca eliminar el fallido plan de traslado de solicitantes de asilo a Ruanda y fortalecer los poderes policiales contra los traficantes de personas. Esta legislación, impulsada por el Partido Laborista, propone tratar a los traficantes de personas como terroristas y sancionar penalmente a quienes pongan en peligro a otros durante cruces ilegales por el Canal de la Mancha. El plan de Ruanda, introducido en abril de 2022, establecía que los solicitantes de asilo que ingresaran de manera irregular después del 1 de enero de 2022 desde un país seguro, como Francia, serían trasladados a Ruanda para que sus solicitudes fueran procesadas allí. De aprobarse su solicitud, podrían obtener el estatus de refugiado y residir en el país africano, sin posibilidad de regresar al Reino Unido. No obstante, el plan no logró disuadir las llegadas irregulares: hasta el 11 de junio de 2024, 11.247 personas habían cruzado el Canal de la Mancha, una cifra superior a la de los mismos periodos de los cuatro años anteriores. Lord Blunkett, exministro del Interior del Partido Laborista, instó al gobierno a reflexionar sobre los efectos sociales y de cohesión de estas políticas. También destacó el riesgo de apatridia para los solicitantes si sus países de origen se negaran a renovar o mantener su nacionalidad, así como el impacto negativo en los derechos de los niños a obtener la ciudadanía británica. Por su parte, el Consejo de Refugiados estima que al menos 71,000 refugiados podrían quedar excluidos de la posibilidad de obtener la ciudadanía bajo estas nuevas directrices, lo que refuerza las críticas sobre el endurecimiento de la política migratoria.
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