La política de seguridad implementada en El Salvador bajo la administración de Nayib Bukele ha convertido al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en un pilar central de su estrategia de control del crimen. Esta instalación penitenciaria, inaugurada en 2023, ha sido objeto de un escrutinio significativo debido a sus condiciones de reclusión y su papel en la contención de individuos considerados una amenaza para el orden público. Recientemente, el CECOT ha adquirido una nueva función: la detención de inmigrantes deportados desde Estados Unidos bajo acusaciones de pertenecer a organizaciones criminales transnacionales.
Como parte de un acuerdo de 6 millones de dólares entre la administración de Donald Trump y el gobierno salvadoreño, cientos de inmigrantes señalados por las autoridades estadounidenses como presuntos integrantes del Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano, fueron trasladados a esta instalación el 16 de marzo de 2025. Este acuerdo se enmarca dentro de una política migratoria más amplia caracterizada por medidas restrictivas y un enfoque punitivo hacia la inmigración indocumentada. El traslado de estos individuos se llevó a cabo a pesar de la existencia de una orden judicial federal en Estados Unidos que suspendía temporalmente las deportaciones basadas en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esta legislación, utilizada en contadas ocasiones en la historia del país, otorga al presidente poderes excepcionales en contextos de guerra, permitiéndole detener o expulsar extranjeros sin los procedimientos legales usuales. La decisión de la administración Trump de aplicar esta medida a los presuntos miembros del Tren de Aragua subraya la tendencia hacia una política migratoria de línea dura y la externalización de la gestión penitenciaria a terceros países.
El caso del CECOT y su utilización para la detención de inmigrantes resalta una tendencia más amplia de criminalización de la migración y de la expansión de modelos carcelarios de alta seguridad como herramientas de control social
CECOT – La alianza entre El Salvador y Estados Unidos
El CECOT, concebido dentro del marco de la estrategia de seguridad de Bukele en marzo de 2022 y puesto en funcionamiento un año después en Tecoluca, a 72 kilómetros de la capital, se ha consolidado como un símbolo del enfoque gubernamental hacia la criminalidad. La prisión, con capacidad para 40,000 internos distribuidos en ocho pabellones, se caracteriza por condiciones de reclusión extremadamente restrictivas. Los internos carecen de acceso a visitas, recreación o educación, y las autoridades han señalado explícitamente que quienes ingresen a la instalación no serán reintegrados a la sociedad. Desde su apertura, el CECOT ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que han denunciado violaciones sistemáticas de derechos fundamentales dentro del sistema penitenciario salvadoreño. Según un informe de marzo de 2024 de Cristosal, una organización de derechos humanos dedicada a la promoción de la democracia en Centroamérica, al menos 261 personas han muerto en prisiones salvadoreñas como consecuencia de la ofensiva gubernamental contra las pandillas.Asimismo, diversas fuentes han documentado casos de tortura, malos tratos y deficiencias en la atención médica de los reclusos.
El crecimiento del sistema penitenciario en El Salvador ha sido exponencial. En 2024, la población carcelaria del país ascendía a 110,000 personas, incluyendo tanto a individuos sentenciados como a aquellos en prisión preventiva. Esta cifra representa más del doble de los 36,000 internos registrados en abril de 2021, antes de que Bukele intensificara su política de seguridad. A pesar de las preocupaciones expresadas por organizaciones internacionales, el gobierno salvadoreño ha continuado defendiendo la efectividad de su estrategia, presentándola como un modelo de éxito en la reducción de la criminalidad. No obstante, el uso del CECOT como centro de detención para inmigrantes deportados bajo el marco de un acuerdo bilateral con Estados Unidos plantea interrogantes sobre el papel de los sistemas penitenciarios en la gestión de la migración y la cooperación en materia de seguridad entre naciones con enfoques punitivos similares.
El caso del CECOT y su utilización para la detención de inmigrantes resalta una tendencia más amplia de criminalización de la migración y de la expansión de modelos carcelarios de alta seguridad como herramientas de control social. En este contexto, resulta fundamental analizar las implicaciones legales, humanitarias y políticas de este tipo de acuerdos, así como su impacto en los derechos humanos y en la gobernanza de la migración a nivel global.
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