Durante la primera semana de julio de 2025, la Ciudad de México – CDMX – fue escenario de una masiva protesta contra la gentrificación y el aumento del costo de vida, fenómenos que diversos sectores de la población han atribuido al creciente influjo de extranjeros, en particular provenientes de Estados Unidos y Europa. Aunque la manifestación transcurrió mayormente de manera pacífica, ciertos episodios de vandalismo y lenguaje antiinmigrante captaron la atención pública y generaron controversia.
Algunas imágenes que circularon en redes sociales capturaron el tono de indignación de una parte del contingente: en una tienda con el escaparate destrozado aún se alcanzaban a leer las palabras “Fuera de México”, mientras que en otro video se mostraba una frase aún más agresiva, pintada con aerosol sobre un muro, junto a pancartas que exigían a los extranjeros “dejar de robarnos nuestro hogar”.
Problemas sociales
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, condenó estos actos, calificándolos de xenófobos y recordando que el verdadero debate debe centrarse en la desigualdad estructural y no en ataques a comunidades específicas. Sin embargo, desde organizaciones como el Frente Anti Gentrificación Mx —uno de los colectivos que convocaron la movilización— se defendió que la protesta no era contra los extranjeros per se, sino contra un modelo económico que ha desplazado a miles de residentes y privilegiado a quienes tienen mayor poder adquisitivo. En sus redes sociales, el colectivo comparó la gentrificación con “una nueva forma de colonización”, en la que el Estado, las instituciones y las empresas —tanto nacionales como extranjeras— ofrecen un trato preferencial a ciertos grupos económicos.
Gentrificación y el descontento social en CDMX forma parte de una tendencia global que exige un replanteamiento de los modelos urbanos y económicos actuales
Este fenómeno no es exclusivo de la capital mexicana. Ciudades como Barcelona, París, Berlín, Lisboa o las Islas Canarias han enfrentado tensiones similares, vinculadas al turismo masivo, los alquileres de corta duración y la transformación de zonas residenciales en espacios dedicados casi exclusivamente al turismo o al trabajo remoto. En Barcelona, por ejemplo, el alcalde Jaume Collboni anunció que en noviembre de 2028 se eliminarán las licencias de los 10,101 apartamentos autorizados actualmente como alojamientos turísticos temporales.
CDMX y su Gentrificación
En el caso de Ciudad de México – CDMX – , el debate se intensificó tras el acuerdo firmado en 2022 entre el gobierno capitalino, Airbnb y la UNESCO para posicionar a la ciudad como un “centro global para nómadas digitales y turismo creativo”. Sheinbaum, entonces jefa de gobierno de la capital, promovió la iniciativa como una estrategia para dinamizar la economía local. La medida atrajo particularmente a ciudadanos estadounidenses, quienes pueden residir en México hasta seis meses sin visa de turista, y posteriormente optar por un permiso de residencia temporal. De hecho, en 2022 se otorgaron 122,758 permisos de este tipo, frente a los 97,825 registrados en 2019, según datos del Instituto Nacional de Migración.
Sin embargo, para muchos residentes, estas políticas han exacerbado los procesos de desplazamiento en colonias tradicionalmente populares como Roma y Condesa. Activistas denuncian que el alquiler a corto plazo resulta más rentable para los propietarios en CDMX, lo cual incentiva desalojos y la transformación de viviendas permanentes en hospedajes turísticos.
En este contexto, el descontento social forma parte de una tendencia global que exige un replanteamiento de los modelos urbanos y económicos actuales, los cuales tienden a privilegiar el turismo y la inversión extranjera por encima de las necesidades de las comunidades locales. De cara a la próxima Copa del Mundo en 2026, y ante la inminente llegada de una nueva oleada de visitantes, los movimientos sociales en México anticipan una posible intensificación de estas tensiones. Si no se adoptan medidas concretas para mitigar los efectos de la gentrificación y garantizar el acceso equitativo a la vivienda, el conflicto urbano podría profundizarse aún más.
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