El Embajador Óscar Maúrtua de Romaña, reconocido jurista y diplomático con una amplia trayectoria en la política exterior del Perú, analiza en esta entrevista las recientes tensiones diplomáticas entre Perú y Colombia a raíz de la disputa por la soberanía de la Isla de Chinería. Este enclave en la Amazonía ha despertado un debate que trasciende lo geográfico, pues involucra cuestiones de derecho internacional, historia fronteriza y, sobre todo, la capacidad de ambos países de resolver sus diferencias a través de canales diplomáticos y no de confrontación.
El Embajador Óscar Maúrtua de Romaña, quien ha ocupado la Cancillería en dos ocasiones y es considerado una de las voces más autorizadas en materia de relaciones internacionales en la región, aporta un enfoque analítico sobre los factores que han reactivado esta controversia. Además, destaca el papel que deben jugar las instituciones y la diplomacia para evitar que este diferendo afecte la cooperación bilateral en ámbitos estratégicos como el comercio, la seguridad y la integración amazónica.
A través de sus reflexiones, el Embajador Óscar Maúrtua de Romaña invita a comprender que, más allá de la coyuntura, la relación entre Perú y Colombia enfrenta el desafío de fortalecer la confianza mutua y consolidar una agenda común que permita superar tensiones históricas en favor de la estabilidad regional.
En los últimos meses se han intensificado las tensiones entre Perú y Colombia, en particular, respecto a la soberanía sobre la Isla Santa Rosa y los retos de seguridad en la frontera amazónica. ¿Cómo evalúa usted este escenario desde una perspectiva jurídica y geopolítica, y qué instrumentos diplomáticos deberían priorizarse para evitar una escalada mayor?
Efectivamente, coincido en que esta situación puede ser calificada como una serie de tensiones, más no como una disputa o un potencial conflicto. El Perú goza de la seguridad jurídica que respalda su posición, pues la soberanía peruana sobre la Isla Chinería (erróneamente llamada Isla Santa Rosa) está sólidamente respaldada por instrumentos internacionales, tales como el Tratado Salomón- Lozano (1922), el Protocolo de Río de Janeiro (1934) y las actas de la Comisión Mixta Demarcadora (1929), que asignaron expresamente la Isla Chinería al Perú. Tales acuerdos – reconocidos por ambos países y registrados en instancias internacionales – establecen límites «pétreos”, según el Derecho Internacional, invocando principios como el pacta sunt servanda y la intangibilidad de los tratados. Colombia, al cuestionar esta soberanía recientemente (precisamente, en el año 2012, ocho décadas después de los acuerdos), carece de fundamento legal para reabrir una cuestión ya resuelta.
Ahora bien, desde una perspectiva geopolítica, la controversia surge por los cambios hidromorfológicos del Río Amazonas, que amenazan con aislar a Leticia (Colombia) de su acceso navegable a este río, un fenómeno que también afectaría a Iquitos (Perú). Sin embargo, estas alteraciones naturales no justifican reinterpretaciones unilaterales de tratados, sino que exigen una priorización de la cooperación binacional para gestionar los desafíos ambientales y de conectividad. La Amazonía requiere soluciones conjuntas en el marco de mecanismos existentes, como es el caso de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana (COMPERIF), diseñada para mantener la estabilidad fronteriza sin alterar el estatus jurídico, pues dicha Comisión carece de competencias jurisdiccionales y administrativas para renegociar tratados o redefinir límites soberanos, que están perfeccionados a cabalidad.
Por su parte, el Estado peruano ha priorizado el diálogo y los canales institucionales, evitando escaladas innecesarias. La reciente creación del Distrito de Santa Rosa de Loreto (Ley N° 32403) no es un acto hostil, sino un ejercicio legítimo de nuestra soberanía dentro del marco jurídico vigente. La Cancillería peruana, que ha actuado con la serenidad y la firmeza que amerita esta situación, ha enfatizado la importancia de respetar los tratados y activar instancias técnicas, como la próxima reunión de la COMPERIF los días 11 y 12 de septiembre. Esta postura refleja el compromiso con la paz y la estabilidad regional, alineado con foros regionales como la Comunidad Andina (CAN), la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), entre otras.
El Embajador Óscar Maúrtua de Romaña, quien ha ocupado la Cancillería de Perú en dos ocasiones y es considerado una de las voces más autorizadas en materia de relaciones internacionales en la región
El mandatario estadounidense Donald Trump calificó recientemente a Lima como una de las ciudades más peligrosas e inseguras del mundo. ¿Qué impacto tienen este tipo de declaraciones en la imagen internacional del Perú y cómo debería reaccionar nuestra diplomacia para mitigar daños reputacionales?
Es evidente que el Perú está sumergido en un contexto de creciente inseguridad, ocasionada por el aumento del crimen organizado y las economías ilegales que operan dentro. Es preciso señalar que este es un fenómeno global que afecta a las grandes metrópolis en todo el mundo, razón por la cual vemos que Lima no fue la única ciudad mencionada por el mandatario estadounidense. Ello nos lleva a señalar que la delincuencia se ha internacionalizado, complejizando aún más su abordaje y coordinación. Tanto es así que, hoy en día, se habla sobre un terrorismo urbano. A su vez, dichos fenómenos tienen también un efecto inmediato en la reputación de nuestro país, pues erosionan la confianza de inversionistas y turistas.
Frente a este escenario, la respuesta debe ser firme y basada en evidencia, centrada en reforzar las capacidades institucionales y, al mismo tiempo, anunciar medidas concretas de seguridad urbana. Es menester dotar a la Policía Nacional del respaldo logístico (armamento, patrullaje, unidades de inteligencia, entre otros); así como insistir en la captura del patrimonio obtenido por las redes criminales (en nuestro país, a partir del fortalecimiento de la ley de extinción de dominio, por ejemplo); y un control de insumos, pues muchas economías ilegales dependen de químicos y combustibles que deben ser vigilados, a fin de restringir su desviación hacia actividades ilícitas.
En paralelo, considero que la diplomacia económica es una herramienta fundamental para coordinar – con las regiones y el sector privado – un plan de confianza y seguridad para nuestro país, así como para sus principales destinos. Además, resultaría útil establecer estándares de seguridad para clústeres turísticos y comerciales; certificaciones de espacios seguros; y acuerdos de cooperación técnica (trazabilidad, ciber inteligencia, control de armas) con nuestros socios regionales y globales, por ejemplo, dinamizando los acuerdos a nivel de la Interpol y fortaleciendo la cooperación a nivel andino.
En el debate interno del Perú, ha resurgido la propuesta de retirarse de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de reinstaurar la pena de muerte. En tal caso, ¿qué riesgos y consecuencias tendría para el país una decisión de tal magnitud?
La idea de que el Perú se retire de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a fin de reinstaurar la pena de muerte, plantea serias implicancias jurídicas y políticas. En primer lugar, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de 1969) establece límites claros al uso de la pena capital, prohibiendo su ampliación a delitos no previstos al momento de la ratificación (Artículo 4.2). Por su parte, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en casos como Hilaire, Constantine y Benjamin vs. Trinidad y Tobago (2002), ha reiterado que los Estados no pueden reintroducir ni ampliar la aplicación de la pena de muerte sin contravenir la Convención. Esto significa que cualquier intento, en ese sentido, colocaría al Perú frente a una clara colisión con sus obligaciones internacionales.
Además, los efectos de una eventual denuncia de la Convención serían de alto costo para la imagen y la credibilidad del país. Tanto Venezuela (en 2012) como Trinidad y Tobago (en 1998) abandonaron el sistema interamericano, y en ambos casos se observó un debilitamiento de su legitimidad internacional, cuestionamientos en foros multilaterales y una merma de confianza en materia de inversiones y cooperación. Salirse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos no implica solo renunciar a un tribunal, sino también aislarse de un espacio regional que brinda garantías adicionales de protección a las personas frente a eventuales abusos del poder estatal.
Cabe resaltar que el Estado peruano no ha señalado, explícitamente, su intención de denunciar la Convención Americana, sino que expresó su interés de retirar el “reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte IDH”, aduciendo que dicho órgano está interviniendo en los asuntos internos del Estado. No obstante, es preciso señalar que la Convención Americana no establece mecanismo alguno para que un Estado se retire parcialmente de este instrumento o para que retire su reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte. La Convención solo se refiere a una denuncia total del mismo, sobre la base del principio de no reversibilidad en la defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, este retiro del reconocimiento solo tendría efectos simbólicos a nivel interno y la Comisión Interamericana seguiría conociendo los casos en los cuales el Perú sea demandado.
Frente a lo anterior, debo subrayar que el sistema interamericano constituye una red esencial para el fortalecimiento del Estado de derecho en América Latina. El Perú, que ha acudido en múltiples ocasiones a la Corte – incluso para defender derechos de comunidades vulnerables y corregir abusos internos – ha encontrado en ella un mecanismo de equilibrio y de garantía democrática. Renunciar a esa jurisdicción debilitaría nuestra posición como Estado comprometido con el derecho internacional y con la defensa de la dignidad humana, principios fundamentales de nuestra política exterior.
Bolivia acaba de transitar por un proceso electoral intenso, que devino en una segunda vuelta, con resultados que podrían modificar el equilibrio político en la región andina. ¿Qué lectura hace usted de este desenlace y cómo podría impactar en la relación bilateral con el Perú y en la Comunidad Andina en general?
Las recientes elecciones en Bolivia marcan un punto de inflexión histórico. Personalmente, conozco a ambos candidatos que pasaron a segunda vuelta, ambos con 32,2% y 26,8% respectivamente. Rodrigo Paz Pereira (hijo de Jaime Paz Zamora, Presidente de Bolivia entre 1989-1993) y a Jorge “Tuto” Quiroga, quien fuera Presidente de Bolivia entre 2001-2002.
Ahora bien, tras casi dos décadas de predominio del Movimiento al Socialismo (MAS), considero que los resultados recientes anuncian la entrada a una nueva etapa política, con liderazgos que buscan distanciarse del modelo de hegemonía partidaria, así como abrir un ciclo de pluralismo y recomposición democrática. Para el Perú, que comparte con Bolivia una relación marcada por la vecindad geográfica, la interdependencia energética y la agenda binacional de integración, este cambio ofrece tanto oportunidades como desafíos.
Una Bolivia en transición exigirá prudencia y pragmatismo de nuestra diplomacia, evitando interpretaciones ideologizadas y apostando por la estabilidad institucional del vecino altiplánico. La relación bilateral posee, además, un trasfondo histórico profundo. Basta recordar que, en 1992, Perú le otorgó a Bolivia una franja costera de 5 kilómetros en Ilo (Moquegua), conocida como “Boliviamar”, con acceso al océano Pacífico bajo un régimen especial de uso, en un gesto de solidaridad frente a su enclaustramiento geográfico. Aunque este proyecto ha tenido limitaciones en su desarrollo, constituye un símbolo del espíritu integracionista y de la disposición del Perú a contribuir con soluciones constructivas a problemas históricos de la región.
Este antecedente refuerza la necesidad de que, en el nuevo contexto político boliviano, se retomen con seriedad proyectos binacionales de infraestructura, comercio y corredores bioceánicos que favorezcan tanto al altiplano como a la macrorregión sur del Perú. De cara al futuro, la transición boliviana deberá ser acompañada por una diplomacia peruana que combine visión estratégica y cercanía cultural. Ambos países comparten no solo una frontera, sino también raíces históricas, sociales y lingüísticas, que constituyen un puente natural para la cooperación.
La reciente reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin ha reconfigurado el tablero internacional en materia de seguridad y energía. Desde la mirada de un diplomático peruano, ¿qué lecciones debería extraer nuestra política exterior frente a un escenario de creciente bipolaridad y tensiones globales?
Considero que estamos viviendo tiempos trascendentales para la reconfiguración de un nuevo orden internacional, que cada vez más se afianza en el regreso de una arquitectura multipolar.
La reciente reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin puede analizarse a la luz de la teoría de la estabilidad estratégica, cuyo argumento central señala que el orden internacional tiende a buscar equilibrios cuando las grandes potencias alcanzan capacidades de disuasión equivalentes y establecen mecanismos de entendimiento para evitar escaladas. Durante la Guerra Fría, ello se tradujo en acuerdos de control nuclear entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. En la actualidad, y bajo nuevas condiciones, observamos que Washington y Moscú buscan recuperar canales de comunicación en medio de una serie de conflictos y tensiones globales. En este sentido, la configuración apunta hacia una multipolaridad liderada por un G-3 geopolítico (Estados Unidos, China y Rusia), donde la interacción triangular determinará tanto la seguridad global como la gobernanza energética y tecnológica.
Por lo tanto, el acercamiento entre ambos mandatarios no debería leerse únicamente bajo el prisma de la Guerra en Ucrania, que si bien es un tema central y de creciente preocupación, lo cierto es que ambos países tienen intereses comunes que trascienden lo militar. Por mencionar algunos ejemplos, se definen las cuestiones del Ártico como nueva frontera estratégica para rutas marítimas y explotación de recursos; el comercio energético, con el petróleo y el gas como vectores de interdependencia; y la necesidad de contener riesgos globales como la proliferación nuclear; entre otros. Para Trump, restaurar un canal económico con Moscú puede equilibrar el peso de Beijing; para Putin, reabrir parcialmente lazos con Washington le permitiría reducir su dependencia excesiva de China. Esta dinámica proyecta un realineamiento que tendrá repercusiones directas en la economía mundial y en el sistema multilateral.
Frente a este contexto, la política exterior del Perú debe continuar reafirmándose en el principio de neutralidad activa (proveniente de la teoría europea de la estabilidad estratégica), pues no se trata de permanecer pasivos, sino de construir una voz propositiva en defensa del derecho internacional, de la solución pacífica de controversias y de la seguridad energética global. El Perú, como país miembro de APEC, de la Alianza del Pacífico y con un sólido historial de participación en operaciones de paz, tiene la capacidad de relacionarse con las grandes potencias sin comprometer su independencia. Mantener ese equilibrio – esto es, ser un socio confiable de Estados Unidos, sostener un diálogo pragmático con China y preservar vínculos en cuestiones específicas con Rusia – será esencial para resguardar nuestros intereses nacionales y consolidar una política exterior de Estado en tiempos de transición del orden internacional.
Finalmente, de cara a las elecciones presidenciales en el Perú del 2026,¿qué reflexiones considera importantes sobre la necesidad de que la política exterior mantenga continuidad y visión de Estado, más allá de los cambios de gobierno?
Las elecciones generales de 2026 en el Perú se perfilan como un momento decisivo en el devenir político del país, marcado por un alto nivel de incertidumbre, a razón de la creciente fragmentación y polarización del clima político. A ocho meses de los comicios, el 50 % de los peruanos aún no han definido su voto presidencial, y los tres principales candidatos – Rafael López Aliaga (10 %), Keiko Fujimori (8 %) y Carlos Álvarez (6 %) – no superan la cifra del 10 % de votos (Ipsos, 2025). Esta volatilidad refleja una ciudadanía insatisfecha que exige no solo propuestas concretas, sino líderes con experiencia, preparación y capacidad de generar confianza.
Además, enfrentamos una proliferación inédita de opciones. Actualmente, podría afirmarse que contamos con 37 partidos políticos habilitados para presentar candidatos (teniendo en cuenta que hasta agosto se presentaron las solicitudes para presentar alianzas electorales, que fueron 5 provenientes de 11 de partidos políticos), con lo cual, aún se configura una elección “inviable” desde el punto de vista logístico y cognitivo para el elector. Este escenario de sobreoferta política, genera un riesgo de sobrecarga informativa, especialmente para los jóvenes que acudirán por primera vez a las urnas. En tal sentido, considero que con propuestas sencillas, información veraz, educación cívica, a la par de filtros institucionales eficaces, se permitirá articular una oferta más clara, legítima y efectiva.
Óscar Maúrtua de Romaña es el Presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional (SPDI) Secretario General de la Presidencia del Perú (1980-1985) Ex Canciller de la República del Perú (2005-2006) (2021-2022)
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