La energía nuclear y el gas natural continuarán considerándose inversiones ambientalmente sostenibles en la Unión Europea (UE) tras un fallo judicial emitido el 10 de septiembre 2025. Esta decisión abre la puerta a un flujo significativo de financiamiento hacia proyectos que, aunque no son ampliamente reconocidos como “verdes”, quedan ahora amparados dentro de la clasificación oficial.
El caso fue iniciado por Austria, que demandó a la Comisión Europea —el órgano ejecutivo del bloque— por la inclusión de estas fuentes energéticas en el sistema de clasificación de actividades económicas sostenibles de la UE. Dicho sistema se diseñó para canalizar capital hacia iniciativas que contribuyan de manera más efectiva a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, el Tribunal General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló a favor de la Comisión, desestimando la acción presentada por Austria.
La energía nuclear, si bien es una fuente de electricidad libre de carbono, no suele considerarse una forma de energía verde en el mismo sentido que la solar, la eólica u otras renovables. Su generación requiere la minería y el procesamiento de uranio, un proceso intensivo en energía que genera emisiones. A ello se suman los desafíos asociados a la gestión de desechos radiactivos y el riesgo inherente de accidentes. Por su parte, el gas natural, aunque produce menos emisiones de carbono que el carbón, sigue contribuyendo al calentamiento global cuando se quema para generar electricidad.
La energía nuclear y el gas natural continuarán considerándose inversiones ambientalmente sostenibles en la Unión Europea (UE) tras un fallo judicial emitido el 10 de septiembre 2025
La Comisión Europea destacó que el tribunal confirmó la legalidad de los criterios aplicados para definir la sostenibilidad. Además, subrayó que cada vez más empresas del continente están utilizando esta clasificación como referencia en la planificación de sus inversiones “verdes”, las cuales ya suman cientos de miles de millones de euros.
La Unión Europea mantiene el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050, entendida como un equilibrio en el que las emisiones de gases de efecto invernadero no superen la cantidad absorbida de la atmósfera. En ese marco, el Parlamento Europeo y el Consejo establecieron en 2020 un sistema normativo para orientar la inversión hacia actividades que contribuyan a mitigar o adaptarse al cambio climático.
En 2022, la Comisión adoptó un reglamento que amplió la clasificación para incluir determinadas actividades en los sectores nuclear y de gas fósil, como medidas transitorias destinadas a acelerar el avance hacia la neutralidad. Esta decisión reconocía que los Estados miembros poseen matrices energéticas diversas y distintos niveles de desarrollo en la incorporación de renovables a gran escala.
Austria buscaba la anulación de dicho reglamento, alegando que la inclusión de estas fuentes distorsionaba la definición de sostenibilidad. Es relevante señalar que el país carece de centrales nucleares operativas, y que Luxemburgo se sumó a su posición. No obstante, la Comisión contó con el respaldo de varios Estados miembros, entre ellos Bulgaria, República Checa, Francia, Hungría, Polonia, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia. El tribunal determinó que la Comisión no se excedió en sus competencias al incorporar la energía nuclear y el gas, validando la idea de que, bajo ciertas condiciones, estas actividades pueden contribuir de forma sustancial a la mitigación y adaptación frente al cambio climático.
Finalmente, la asociación comercial con sede en Bruselas para la industria nuclear europea, nucleareurope, celebró el fallo al señalar que la inclusión de la energía nuclear en la taxonomía de la UE —el sistema de clasificación que determina qué actividades económicas pueden considerarse ambientalmente sostenibles— puede estimular la llegada de inversiones privadas para el desarrollo de nuevos proyectos en el sector. Esto subraya cómo dicha herramienta se ha convertido en un elemento clave para orientar el financiamiento y definir el rumbo de la transición energética en Europa.
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