La Coyuntura Actual

En esta entrevista exclusiva, el Embajador Óscar Maúrtua de Romaña, Presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional (SPDI) y destacado jurista con una amplia trayectoria diplomática, ofrece un profundo análisis sobre las cojunturas internacionales y regionales que marcan el escenario actual. Maúrtua aborda los principales temas debatidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la creciente influencia de los BRICS en el orden mundial y las tensiones fronterizas entre Perú y Colombia, así como los desafíos y avances en las cuestiones marítimas que involucran al país andino.

Además, el exministro de Relaciones Exteriores reflexiona sobre la posible adhesión de Perú a la OCDE, evaluando las implicaciones políticas y económicas y jurídicas de este proceso. Finalmente, comparte las conclusiones más relevantes del II Congreso Peruano de Derecho Internacional, evento que reunió a destacados expertos para debatir sobre los retos contemporáneos del derecho internacional público.

Recientemente se llevó a cabo una nueva edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, marcada por los conflictos internacionales en Europa del Este y Gaza, a la par de complejas crisis presupuestarias y de identidad que desafían el orden internacional contemporáneo. ¿Considera que tales sucesos marcarán un cambio de época o una reconfiguración del sistema internacional?

Efectivamente, el orden internacional liberal (denominado también como orden internacional basado en reglas) se encuentra en evolución. No obstante, ello no implica que esté desfasado ni que será reemplazado por otro sistema u orden que surja en los próximos años. El orden internacional liberal, diseñado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial y fortalecido luego de la caída de la Unión Soviética a inicios de los 90’, está sustentado y construido bajo los principios del derecho internacional, consagrados en la octogenaria Carta de las Naciones Unidas (Carta de San Francisco) e implementados a partir de instituciones económicas, seguritarias y de cooperación que articularon no solo a las grandes potencias del sistema, sino a todas aquellas naciones que están convencidas de la importancia de promover el régimen democrático, defender los derechos humanos y respetar el estado de derecho.

En la actual coyuntura, podemos observar que dicha estructura ha presenciado reveses profundos, principalmente, por los actos unilaterales de determinados líderes (como es el caso de los Presidentes Trump y Putin) y la nueva redistribución de poder en el sistema internacional, esto es, que Estados como China y Rusia se han posicionado como grandes potencias en materia económica y militar, respectivamente, desafiando la hegemonía que ostentaron los Estados Unidos en el momento unipolar. De igual manera, países como la India, Sudáfrica, Brasil, entre otros, han ido exigiendo cada vez mayor participación y poder de decisión en los asuntos mundiales, lo cual se ha traducido en la gestación de organismos como los BRICS – foro económico que puede ser comparado, por ejemplo, con el G7 – y en el fortalecimiento de instituciones financieras como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, o instituciones seguritarias como la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

Sin embargo, ninguna de las potencias y países antes mencionados han declarado su oposición al sistema basado en el derecho internacional. Incluso, ninguno de ellos ha expuesto argumentos que busquen disipar la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o las reglas que promueven e incentivan el libre comercio, la solución pacífica de controversias, las patentes, entre otros; y ello se debe, en parte, porque tales naciones se han beneficiado del orden sustentado en las reglas del derecho internacional. Lo que sí se puede evidenciar, no obstante, son argumentos que exigen una reforma de determinadas instituciones, o exigencias para que estas sean más justas en su accionar y prioricen la eficiencia por sobre la eficacia en el cumplimiento de sus actividades. Tengamos presente que el Derecho Internacional no es una construcción occidental, es una antigua y evolutiva estructura poliforme, que une a todos los actores por la paz, contra el desastre, la violencia y el caos. A su vez, es un conjunto de normas que defienden los valores más profundos de la humanidad, que son fruto del histórico consenso y la buena fe entre los Estados. Claro que es un sistema imperfecto, y que existirán normas que tendrán que volver a ser revisadas y mejoradas en un futuro.

¿Y cuál es su opinión respecto a los BRICS? ¿Son una prueba fehaciente del supuesto retroceso del orden internacional contemporáneo?

Sin duda que lo BRICS han supuesto un duro revés a la hegemonía de Occidente y en mayor medida de los Estados Unidos, principalmente, por su énfasis en la arquitectura multipolar y su firme convicción en el proceso de desdolarización del sistema financiero internacional. Además, se han sumado nuevas naciones a comienzos de este año, tales como Irán, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia (con quien el Perú está próximo a concretar un Tratado de Libre Comercio muy importante), representa más del 40% de la población global y más de un tercio del crecimiento económico mundial.

No obstante, debo recalcar que si bien los BRICS son un foro económico de gran envergadura – compuesto, en mayor medida, por los países del sur global – no son percibidos como un reemplazo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ni mucho menos es una alianza seguritaria. A nivel de contraste, pueden ser comparados con el G7, a pesar de que estos últimos ya han sido superados considerablemente. Los países que componen los BRICS, además, sustentan su accionar sobre la base del derecho internacional y las reglas del libre comercio, por ejemplo, y de acuerdo con los discursos de algunos Estados parte, dicho organismo busca incentivar un mayor posicionamiento y poder de decisión, por parte de países anteriormente excluidos, en los asuntos globales. Es meritorio destacar este factor inclusivo y democrático, que debe engarzarse también con las instituciones ya creadas y consolidadas que componen el orden internacional liberal, desde mi punto de vista.

Durante los últimos meses, Perú y Colombia afrontaron una serie de tensiones fronterizas que despertaron las alarmas en torno a un posible conflicto territorial. Sin embargo, se ha podido observar que ambas naciones han priorizado los mecanismos diplomáticos para resolver sus controversias, como es el caso de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana (COMPERIF). ¿Qué resultados o alcances nos puede brindar al respecto?

En primer lugar, me permito suscribir lo mencionado por su persona. No hubo conflicto alguno entre Perú y Colombia, pues las cuestiones limítrofes ya han sido resueltas a través de sendos tratados bilaterales que son pétreos e inamovibles. Lo que si se ha podido denostar, es una cuestión geopolítica en torno al cauce del Río Amazonas, esto es, un problema en torno a la posible pérdida de salida ribereña por parte de Leticia (Colombia) en los próximos años, problemática que también afrontará Iquitos (Perú) y que es originada por cuestiones naturales. Por lo tanto, la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana (COMPERIF) – que no tiene potestad ni jurisdicción para renegociar tratados o modificar límites – tuvo como propósito ofrecer una mesa de diálogo y concertación para que ambas partes puedan implementar acciones conjuntas para promover e incentivar el desarrollo de la frontera.

En este sentido, la COMPERIF permitió que ambos países alcanzaran avances significativos orientados a consolidar la cooperación bilateral y el respeto irrestricto al Derecho Internacional, en particular a los tratados vigentes que garantizan la soberanía, la paz y la integración en la región amazónica. Entre los principales resultados, destaca la aprobación de entendimientos destinados a preservar la navegabilidad del río Amazonas en el tramo Atacuari–Leticia, elemento esencial para la conectividad y el bienestar de las comunidades ribereñas. Asimismo, se promovieron iniciativas conjuntas para el monitoreo de los procesos de sedimentación y erosión que afectan la zona fronteriza, con el propósito de implementar soluciones técnicas – como dragados y estructuras hidráulicas – que contribuyan a la estabilidad del cauce sin alterar los límites soberanos. En este marco, se subrayó la necesidad de fortalecer la acción coordinada de los gobiernos regionales en las zonas de frontera, a fin de atender con mayor eficacia las demandas de las poblaciones que allí residen. La COMPERIF reafirmó, finalmente, la prioridad de consolidar una presencia estatal sostenida y una cooperación binacional dinámica en la Amazonía, orientadas al desarrollo sostenible, la seguridad y el bienestar de las comunidades fronterizas.

No hubo conflicto alguno entre Perú y Colombia, pues las cuestiones limítrofes ya han sido resueltas a través de sendos tratados bilaterales que son pétreos e inamovibles

Enfocándonos ahora en las cuestiones marítimas, hace algunas semanas se anunció que el Acuerdo BBNJ – cuyo objetivo esencial es regular las aguas fuera de la jurisdicción nacional – alcanzó las 60 ratificaciones necesarias para que entre en vigor. Teniendo en cuenta que el Perú firmó hace poco dicho Acuerdo, en Niza, ¿qué repercusiones tendrá la reciente entrada en vigor de dicho este gravitante instrumento internacional?

Es un logro que, sin duda, fortalecerá la gobernanza oceánica y permitirá que aseguremos un espacio esencial para la vida humana. Cabe destacar que dicho instrumento fue adoptado en junio de 2023 – y que, gracias a las recientes ratificaciones de Sri Lanka, San Vicente y las Granadinas, Sierra Leona y Marruecos – entrará en vigor en enero próximo. Ello implica que el Tratado va a generar derechos y obligaciones a los Estados parte en torno a las materias que dicho instrumento aborda, es decir, a todos aquellos que lo hayan ratificado previamente. Si bien el Perú ha firmado el Acuerdo BBNJ, ello requiere legitimarse a través de un proceso de ratificación que previamente sea debatido y aprobado en el Congreso Nacional, a fin de que se fortalezca nuestra política oceánica y que la diplomacia peruana pueda seguir ejerciendo un papel clave en la gobernanza de los mares, fiel a su tradición histórica.

Ahora bien, el Acuerdo BBNJ se articula a partir de cuatro grandes ejes: 1) el aprovechamiento sostenible y equitativo de los recursos genéticos marinos; 2) el establecimiento de mecanismos de gestión basados en áreas; 3) evaluaciones de impacto ambiental; y 4) capacidad y transferencias de tecnología. En su ejecución, primará el principio de complementariedad, es decir, es un Acuerdo que no se va a superponer a las instituciones u organismos que ya ejercen responsabilidades en los océanos, como es el caso de los Organismos Regionales de Ordenación Pesquera (OROPs) – cuyo propósito es gestionar de forma sustentable los recursos pesqueros – o el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, encargado de la parte jurisdiccional. En cambio, el BBNJ se enfocará en materias específicas tales como la conformación de áreas marinas protegidas – a través de procesos específicos – o la gestión de los recursos genéticos, con el propósito de evitar la sobreproducción de patentes por parte de países con mayores recursos económicos y tecnológicos para realizar tales actividades.

Debemos tener presente que las aguas fuera de las jurisdicciones nacionales abarcan más del 60% del planeta, con lo cual, se convierte en un recurso que la humanidad debe regular y preservar. Además, la firma y ratificación del Acuerdo BBNJ no implica la firma ni ratificación automática de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), a pesar de que este último instrumento es considerado como la Constitución de los Océanos. Por lo tanto, considero relevante enfatizar que el derecho internacional – tanto a nivel general como en materia oceánica, para este caso – no representa amenaza alguna para nuestra soberanía marítima ni para nuestros intereses nacionales. Al contrario, es una oportunidad para que participemos activamente en la protección y gestión de los océanos. Pensemos en todos aquellos países, a nivel global, que ya han suscrito, firmado y ratificado tanto la Convemar como el Acuerdo BBNJ. El Perú tiene una deuda pendiente con el Derecho del Mar, y es momento de que avizoremos un futuro donde dinamicemos nuestra estrategia oceánica.

Durante los últimos años, el Perú ha implementado una serie de reformas y procesos de modernización en su aparato gubernamental, en el marco de su compromiso por ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). ¿Cómo ve usted estas iniciativas y qué está quedando pendiente para concretar dicho objetivo?

Lo percibo con mucho optimismo. Tengo la firme convicción de que en el Perú, nuestro potencial ingreso a la OCDE es considerado una política de Estado, no solo de gobiernos. Ello implica que la gran diversidad de sectores en el país, divisan los beneficios que podríamos obtener al formar parte de este prestigioso y trascendente organismo internacional, compuesto por 38 Estados que reúnen cerca del 70% del PBI global. Su objetivo, además, es promover el desarrollo sostenible de las personas a través de una mejora en la gobernanza y la regulación, a la par de fomentar nuevas fuentes de crecimiento y desarrollo económico. Recordemos que, a nivel de América Latina, solo México (1994), Chile (2010); Colombia (2020) y Costa Rica (2021) forman parte de la OCDE.

De igual forma, como usted señala, el Perú viene adecuando su marco legal e institucional a los instrumentos legales de la OCDE, lo cual ha implicado una serie de reformas y procesos de modernización durante el último quinquenio. Por ejemplo, en agosto de 2022, se aprobó la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP), cuyo objetivo es transformar el Estado con el fin de hacerlo más eficiente, moderno, transparente y descentralizado. Esta política se engarza con los lineamientos y compromisos asumidos por el Perú en la Hoja de Ruta para su adhesión. Asimismo, el Perú ha ratificado la Convención Anticohecho de la OCDE en el año 2017, considerado el primer y único instrumento internacional anticorrupción que se enfoca en el lado oferente de este flagelo, es decir, en la entidad o la persona que ofrece, promete u otorga una dádiva.

Es cierto que hay cuestiones por mejorar, tales como la informalidad laboral, la inestabilidad política o la inseguridad ciudadana – temas que marcarán sin duda la agenda política del próximo gobierno – no obstante, actualmente se está trabajando por mejorar tales aspectos, y confío en que se alcancen resultados tangibles y positivos en los próximos años, que nos permitan encaminar nuestra adhesión a la OCDE. Posteriormente, ello será evaluado por los 24 Comités Técnicos de dicho organismo a fin de contrastar nuestro nivel de avance y orientar así las partes finales del proceso.

Por otro lado, y en el marco de la reflexión sobre temas de actualidad, la Sociedad Peruana de Derecho Internacional organizó recientemente, con el auspicio de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, el II Congreso Peruano de Derecho Internacional. ¿Qué experiencias dejó este evento y por qué resulta relevante para la academia jurídica nacional?

En efecto, los días 25 y 26 de septiembre tuvimos el privilegio de organizar, en estrecha colaboración con la Universidad Antonio Ruiz de Montoya – de los sacerdotes jesuitas – el II Congreso Peruano de Derecho Internacional. Antes que nada, deseo expresar mi más profundo agradecimiento a esta prestigiosa institución por su acompañamiento y disposición, pues su compromiso ha sido determinante para la realización de este encuentro.

Se trata, pues, de una iniciativa que ya tuvo lugar el año pasado y que aspiramos a consolidar como una práctica sostenida en los años venideros, de modo que cada nueva edición contribuya al fortalecimiento del estudio y la difusión del derecho internacional en nuestro país.

Este Congreso se articuló en torno a cinco ejes temáticos fundamentales: el Derecho Internacional Público, el Derecho Internacional del Medio Ambiente, las Amenazas a la Seguridad Internacional, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Económico. Cada una de estas mesas permitió un intercambio profundo de ideas, que nos brindó perspectivas valiosas sobre un mundo cada vez más complejo y multidimensional. En mi caso, tuve la oportunidad de participar en la mesa dedicada al Derecho Internacional Económico, junto con el doctor Rubén Guevara – Director General de Centrum PUCP – donde reflexionamos sobre los desafíos contemporáneos a propósito del control de los recursos del espacio exterior.

Considero que una de las enseñanzas más importantes que nos dejó este Congreso es, precisamente, la necesidad de adoptar una aproximación integral en la toma de decisiones, reconociendo que los fenómenos internacionales no pueden analizarse de manera aislada, sino a partir de sus múltiples dimensiones y de la diversidad de ramas que el derecho nos ofrece. Asimismo, refuerza la relevancia del derecho internacional como marco normativo para codificar y estructurar los arreglos que sostienen al sistema internacional.

Dado el compromiso de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, y el suyo como presidente, con la discusión de temas coyunturales, ¿qué próximos eventos de relevancia podemos esperar en el futuro cercano?

En el futuro inmediato tenemos una agenda particularmente intensa pero significativa. En primer lugar, participaremos en el evento conmemorativo por los ochenta años de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) – que se realizó el pasado 07 de octubre en el Centro Cultural Inca Garcilaso – que será una ocasión propicia para reflexionar sobre el complejo momento que atraviesa tal organismo en la actualidad. No hay que ser muy zahorí para entender que el surgimiento de políticas neoproteccionistas, los crecientes autoritarismos y nacionalismos, a la par de cuestiones presupuestarias que dificultan su accionar, ha supuesto duros reveses a su funcionamiento y legitimidad. Sin embargo, es menester destacar los logros históricos que ha alcanzado la ONU en el mantenimiento de la paz, la promoción de los derechos humanos, el impulso a la cooperación internacional en temas clave como salud, educación y trabajo, entre otros.

En segundo lugar, estaremos presentes en el X Congreso Internacional de la Lengua Española, próximo a celebrarse en Arequipa, y que se considera un foro de enorme relevancia cultural y académica para proyectar al Perú como centro de reflexión sobre la lengua y la literatura. Su trascendencia se engrandece aún más al tener como sede la ciudad natal de Mario Vargas Llosa, lo que confiere al encuentro un simbolismo especial en la vida intelectual, literaria y cultural de nuestra región.

De igual manera, participaremos en el Congreso Anual sobre la Región Arequipa (CARA), un espacio en el que se abordarán los principales desafíos del desarrollo regional, la economía nacional e internacional, la gobernabilidad y la creciente incertidumbre política ante el próximo proceso electoral en abril de 2026. Estoy convencido de que este encuentro contribuirá a un diálogo amplio entre autoridades, especialistas y ciudadanía en torno a temas decisivos para el porvenir del país.