En un momento complejo para el futuro político de América Latina, el Embajador Óscar Maúrtua de Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional (SPDI) y una de las voces más autorizadas de la diplomacia latinoamericana, ofrece un análisis sobre los acontecimientos que hoy configuran la agenda regional. Desde los debates generados en la más reciente Cumbre CELAC–Unión Europea, celebrada en Santa Marta (Colombia), hasta las conclusiones de la X Cumbre de las Américas, Maúrtua examina los avances, tensiones y desafíos que enfrenta América Latina en su proyección internacional.
El embajador también aborda la creciente fricción en el mar Caribe entre Estados Unidos y Venezuela, un foco que vuelve a poner a prueba la estabilidad hemisférica, así como las implicaciones regionales de los resultados de las primeras elecciones presidenciales en Chile y del referendo constitucional en Ecuador, ambos procesos clave para comprender la evolución política del Cono Sur y de la región andina.
En esta entrevista, Maúrtua de Romaña despliega una mirada experimentada y crítica que permite entender no solo la coyuntura inmediata, sino las tendencias profundas que marcarán el rumbo latinoamericano en los próximos años.
¿Cuál es su valoración sobre la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)-Unión Europea (UE) en Santa Marta, Colombia?
La IV Cumbre CELAC-UE celebrada en Santa Marta, Colombia, representa un encuentro de singular trascendencia para ambas regiones. Este espacio de diálogo constituye una oportunidad privilegiada para que 60 naciones, los 33 países de América Latina y el Caribe y los 27 miembros de la Unión Europea, reafirmen sus compromisos compartidos con el multilateralismo en un contexto signado por el auge del unilateralismo y, consecuente, proteccionismo.
La cumbre logró la adopción de una declaración conjunta de 52 puntos que subraya la necesidad de fortalecer el sistema multilateral como herramienta esencial para enfrentar desafíos globales comunes como el cambio climático, la pobreza, la gestión de la economía digital, la seguridad alimentaria y la transición energética. Desde su iniciación en Santiago de Chile en 2013, estas cumbres han consolidado un mecanismo institucionalizado de diálogo birregional que ha permitido estructurar una agenda común de cooperación en diversas materias.
La importancia de esta reunión es innegable considerando los alcances concretos que se proyectan. La Comisión Europea, a través del Equipo Europa, ha comprometido más de 45,000 millones de euros hasta 2027 a través del programa Global Gateway para financiar aproximadamente 130 proyectos en América Latina y el Caribe, enfocados en transición energética, transformación digital y desarrollo sostenible. Esta iniciativa encarna el anhelo europeo de proyectarse como un socio confiable para América Latina, al tiempo que busca reforzar su protagonismo en un escenario profundamente marcado por la influencia de Estados Unidos y por el creciente dinamismo del intercambio económico con China.
Adicionalmente, la declaración de Santa Marta ha establecido compromisos concretos en temas como la reforma del sistema internacional con apoyo a la transformación del Consejo de Seguridad de la ONU, la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la trata de personas, expansión de programas educativos como Erasmus+ y Horizonte Europa, y fortalecimiento de políticas de igualdad y economía circular. La cumbre también ha reafirmado la necesidad de mantener a la región como zona de paz y ha expresado su oposición a cualquier amenaza o uso de la fuerza contrario al Derecho Internacional.
Sin embargo, la realidad de esta IV Cumbre contrasta negativamente con sus potencialidades, evidenciando lo que lamentablemente ha sido un debilitamiento considerable de su convocatoria respecto a encuentros anteriores. De los 60 jefes de Estado y de Gobierno invitados, solamente 12 confirmaron inicialmente su asistencia y únicamente 9 acudieron a la reunión en Santa Marta. Destacan las ausencias de figuras de primer nivel europeo como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el canciller alemán, Friedrich Merz, quienes esgrimieron como justificación la «escasa participación de otros líderes». Del lado latinoamericano, también faltaron mandatarios significativos como los presidentes de México, Perú, Chile y Argentina. Esta situación contrasta dramáticamente con la cumbre anterior de Bruselas en 2023, donde participaron más de cincuenta líderes de ambos bloques, proyectando una imagen de compacidad y optimismo que marcó el relanzamiento político de la relación birregional tras ocho años de pausa.
Aunque la cumbre finalmente produjo una declaración significativa, su debilidad política fue evidente en divisiones sustanciales entre países miembros y la desasociación de siete naciones latinoamericanas de ciertos apartados del documento. Esta situación subraya que, a pesar de su envergadura, el diálogo CELAC-UE aún no se ha consolidado como un bloque influyente capaz de proyectar una voz común.
En esa línea, ¿qué lectura tiene sobre la X Cumbre de las Américas, particularmente frente a las dificultades que impidieron su realización en Punta Cana, República Dominicana?
El aplazamiento indefinido de la X Cumbre de las Américas, programada para celebrarse en Punta Cana en diciembre del presente año, constituye una desilusión en la historia del desenvolvimiento de cumbres hemisféricas iniciado en 1994. Según las autoridades dominicanas, la decisión respondió a profundas divergencias sobre criterios de inclusión de participantes y a la necesidad de crear condiciones más favorables para el diálogo constructivo. Las cuestiones relativas a los criterios de participación y representatividad han sido históricamente complejas en el foro hemisférico dada la presión de Washington en estos encuentros.
Una primera cuestión a ser considerada es la exclusión de Nicaragua, Venezuela y Cuba de esta cumbre. Este alejamiento no fue novedoso, ya que en la IX Cumbre de Los Ángeles en 2022 los tres países también fueron rechazados al ser señalados como regímenes que no respetan las libertades individuales y la democracia. Sin embargo, el efecto de esta política excluyente fue devastador para la convocatoria ya que el presidente colombiano Gustavo Petro y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum manifestaron públicamente su retiro en protesta por estas exclusiones, argumentando que el diálogo no comienza con exclusiones.
Considero que la suspensión también fue precipitada por el despliegue militar estadounidense en el Caribe. Más de 15,000 efectivos, 12 buques de guerra, un submarino nuclear y el portaaviones USS Gerald R. Ford, han generando un clima de tensión incompatible con un diálogo hemisférico pacífico y neutral. Funcionarios dominicanos confesaron que no había garantías de neutralidad política y que Santo Domingo habría quedado en el centro de la discusión si se realizaba la cumbre en ese contexto.
La escasa voluntad de participación de la mayoría de los países miembros es, además, un factor relevante. A falta de un mes para el evento, varias delegaciones no habían realizado las gestiones necesarias para participar ni habían confirmado su asistencia formal. El propio Departamento de Estado estadounidense reconoció la participación limitada, lo que llevó a Washington a no tener otra opción que apoyar la suspensión hasta que las condiciones sean más favorables para el consenso.
Esta situación contrasta dramáticamente con las primeras cumbres realizadas en Miami (1994), Santiago de Chile (1998) y Quebec (2001), donde existía un proyecto hemisférico articulado en torno a iniciativas como el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), sobre todo en sus albores fundacionales. Se trata de un hecho penoso; sin embargo, se espera que esta ralentización abra la posibilidad de un articulamiento más robusto, capaz de traducirse en una agenda consensuada, particularmente orientada a enfrentar el avance del crimen organizado.
Esta situación subraya que, a pesar de su envergadura, el diálogo CELAC-UE aún no se ha consolidado como un bloque influyente capaz de proyectar una voz común
A propósito de ello, ¿qué reflexión le merece la situación venezolana en conjunto con los recientes, y persistentes, ataques a lanchas en el Mar Caribe por parte de los Estados Unidos?
La escalada de operaciones militares estadounidenses en el Mar Caribe, que ha resultado en la muerte de más de sesenta personas en embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico, representa una cuestión de profunda importancia para la interpretación y aplicación del derecho internacional. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha caracterizado estos ataques como potenciales ejecuciones extrajudiciales que contravienen gravemente el derecho internacional de los derechos humanos. Bajo los estándares establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y en la jurisprudencia internacional, el uso intencionado de la fuerza letal únicamente se encuentra justificado como último recurso contra personas que representen una amenaza inminente para la vida. En los casos documentados, los individuos a bordo de estas embarcaciones fueron privados arbitrariamente de la vida sin debido proceso legal, sin oportunidad de aprehensión o entrega, y basándose únicamente en presunciones relativas a su presunta carga ilícita, lo que constituyó violaciones manifiestas del derecho a la vida y al derecho a un juicio justo.
Desde la perspectiva del derecho internacional público, estos ataques carecen de justificación legal bajo el marco de la legítima defensa contemplado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. La doctrina especializada en jus ad bellum ha establecido de manera consistente que el narcotráfico, aunque representa un fenómeno delictivo grave de naturaleza transnacional, no constituye un «ataque armado» en el sentido preciso que exige la Carta para invocar legítimamente el derecho de autodefensa.
Es importante recalcar que el combate al narcotráfico debe darse dentro de un esquema de cooperación internacional en materia de control de drogas, cooperación legal institucionalizada, aplicación de la ley conforme a procedimientos penales establecidos, e interceptación legal de embarcaciones y no mediante acciones militares unilaterales que eluden los controles de debido proceso.
Aunque Venezuela enfrenta documentados deterioros en materia de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas, particularmente en el contexto de las elecciones de 2024, la respuesta estadounidense mediante despliegue militar masivo y operaciones de fuerzas específicas ha escalado significativamente y podrían interpretarse como una estrategia de presión coercitiva dirigida a provocar cambios políticos en Venezuela y, bajo esa lógica, debilitar a organizaciones criminales como el Cartel de los Soles o el Tren de Aragua, presuntamente ligados al gobierno venezolano.
Respecto al tema electoral, ¿cómo aprecia el panorama político chileno de cara a la segunda vuelta electoral entre Jeannette Jara y José Antonio Kast?
Chile ha consolidado históricamente su posición como una de las democracias más estables y robustas del continente americano, particularmente desde el restablecimiento del orden democrático en 1990 tras la conclusión de la dictadura militar. La alternancia regular del poder, la vigencia de instituciones legales sólidas, y el respeto a los procesos electorales han constituido pilares fundamentales de la vida política chilena contemporánea. En este contexto, la segunda vuelta electoral programada para el 14 de diciembre de 2025 entre Jeannette Jara y José Antonio Kast representa un momento de trascendencia para la trayectoria institucional del país.
Ambos candidatos emergieron de la primera vuelta con votaciones cercanas, reflejando un electorado profundamente polarizado que deberá pronunciarse sobre dos visiones diametralmente opuestas. El escrutinio electoral, realizado con participación obligatoria tras más de una década de voto voluntario, resultó en una tasa de participación recuperada que alcanzó aproximadamente 85% del padrón electoral, evidenciando el interés y compromiso ciudadano.
Las implicaciones de esta contienda trascienden la política doméstica chilena y poseen ramificaciones significativas para la articulación de la política exterior regional. Una eventual victoria de Jara representaría la continuidad de la orientación multilateralista y de derechos humanos que ha caracterizado la administración Boric, particularmente su compromiso con instancias como la CELAC, su énfasis en la integración latinoamericana, y su vigencia del derecho internacional como principio rector de la acción externa. Por el contrario, un triunfo de Kast implicaría un reposicionamiento significativo hacia políticas de seguridad nacional más restrictivas con la migración, con énfasis en recortes fiscales similar a los de Javier Milei en Argentina, y potencialmente un acercamiento mayor a las posiciones de la administración estadounidense.
Independientemente del resultado de la contienda, resulta imperativo que ambos candidatos mantengan un compromiso inquebrantable con los valores democráticos, la cohesión institucional y el bienestar integral del pueblo chileno. El presidente Gabriel Boric ha instado explícitamente a los contendientes a mantener un debate con altura de cara a la segunda vuelta, pensando siempre en lo mejor para Chile. Esta invocación al diálogo responsable se reviste de particular importancia considerando que el país ha experimentado ciclos de significativa polarización política en años recientes, particularmente desde las movilizaciones sociales de 2019. Más allá de las divergencias ideológicas legítimas que caracterizan a democracias plurales, la preservación de consensos mínimos sobre el compromiso con el estado de derecho resulta indispensable para la estabilidad política y la gobernabilidad democrática del país.
Finalmente, ¿cuál es su interpretación del referéndum celebrado recientemente en Ecuador?
El referéndum constitucional y consulta popular celebrado en Ecuador convocó a 13.9 millones de ciudadanos con una participación superior al 80%, resultó en un rechazo contundente a las cuatro propuestas impulsadas por el presidente Daniel Noboa. La pregunta más significativa desde una perspectiva de política exterior concernía a la eliminación del artículo 5 de la Constitución de Montecristi, que prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, legado de la experiencia con la Base de Manta que operó hasta 2009. Esta propuesta fue rechazada por un 60.64% del electorado, con oposiciones particularmente marcadas en provincias costeras como Manabí (70.61%) y Santa Elena (66.7%), precisamente aquellas que el gobierno había identificado como ubicaciones estratégicas para futuras instalaciones militares estadounidenses.
En ese sentido, este resultado representa un revés significativo no solamente para el gobierno ecuatoriano, sino también para la estrategia estadounidense en Sudamérica. La administración Trump había manifestado un interés estratégico considerable en el establecimiento de presencia militar permanente en Ecuador, como lo evidenció la visita de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien recorrió junto al presidente Noboa las localidades de Manta y Salinas apenas semanas antes del referéndum. Este interés estadounidense podría interpretarse como parte de una estrategia más amplia orientada a contrarrestar la creciente presencia de China, así como para facilitar operaciones de control del narcotráfico y, eventualmente, ejercer presión sobre Venezuela.
Óscar Maúrtua de Romaña es presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional (SPDI) desde el año 2017, siendo reelegido en el 2024 para un siguiente período quinquenal. Ha sido Excanciller de la República del Perú en dos ocasiones (2005-2006; 2021-2022), Viceministro de Relaciones Exteriores y Jefe del Servicio Diplomático del Perú. Ha ejercido la representación diplomática en diversos países de América, Asia y Europa, siendo su cargo más reciente el haber sido Embajador del Perú en España entre el 2022 y 2023. Ha presidido la Red Mundial de Sociedades de Derecho Internacional (2023). Recientemente, fue incorporado como Miembro Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia de España (2024).
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