El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, instó el 3 de diciembre de 2025 a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a reforzar los mecanismos que regulan el asilo diplomático con el propósito de evitar su utilización como recurso para eludir procesos judiciales legítimos. La solicitud fue presentada durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente convocada por Perú para analizar el alcance y el uso contemporáneo de esta figura.
En su intervención, el canciller peruano alertó sobre un uso cada vez más distorsionado del derecho de asilo establecido en la Convención de Caracas de 1954. Este tratado, piedra angular del sistema interamericano, define el asilo diplomático como una medida excepcional destinada a proteger a personas perseguidas por motivos políticos y establece que no debe ser otorgado a quienes enfrentan acusaciones por delitos comunes. También regula obligaciones clave, como la necesidad de que el Estado territorial otorgue un salvoconducto para permitir la salida segura del asilado y reafirma principios fundamentales del derecho internacional, incluida la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Según De Zela, algunas solicitudes recientes podrían estar siendo presentadas por individuos que no enfrentan persecución política real en sus países de origen, lo que desvirtúa la naturaleza estrictamente humanitaria y excepcional de esta figura jurídica.
La discusión sobre el asilo diplomático adquiere mayor relevancia si se observa a la luz de episodios recientes que han puesto en tensión los principios fundamentales del derecho internacional
No obstante, aclaró que su postura no se refería de manera explícita al caso de Betssy Chávez, ex primera ministra peruana asilada en la residencia de la Embajada de México en Lima desde noviembre, la situación ha intensificado las tensiones diplomáticas entre ambos países. Chávez fue sentenciada a más de once años de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado de 2022 encabezado por el entonces presidente Pedro Castillo. Para el gobierno peruano, la controversia pone de relieve la importancia de que las solicitudes de asilo sean evaluadas con criterios objetivos y con información proporcionada por los Estados involucrados antes de decidir sobre su concesión. De Zela enfatizó que Perú mantiene como principios esenciales las garantías del debido proceso y la lucha contra la impunidad.
En la misma sesión extraordinaria, México reafirmó su postura y defendió sin reservas el valor del asilo diplomático como instrumento humanitario. La embajadora Luz Elena Baños, representante permanente ante la OEA, sostuvo que su país mantiene un compromiso inquebrantable con esta figura y advirtió que ni la Organización ni sus órganos cuentan con competencia para revisar, reinterpretar o modificar la Convención de Caracas. Subrayó que cualquier modificación al tratado requiere la participación y el consentimiento de todos los Estados parte. Afirmó además que centrar el debate en un caso particular contraviene principios esenciales del derecho internacional, como la irretroactividad de la ley y la certeza jurídica. Baños reiteró que el asilo no es una herramienta política ni un asunto bilateral, sino un mecanismo de protección, e insistió en que la Convención obliga a otorgar el salvoconducto a la persona asilada, un requisito que, recordó, aún no ha sido cumplido en el caso de Chávez. También alertó sobre los riesgos de debilitar normas esenciales como la inviolabilidad de las sedes diplomáticas.
La discusión sobre el asilo diplomático adquiere mayor relevancia si se observa a la luz de episodios recientes que han puesto en tensión los principios fundamentales del derecho internacional. Un ejemplo notable es la ruptura diplomática entre México y Ecuador en abril de 2024, después de que la policía ecuatoriana ingresara por la fuerza a la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, a quien México había otorgado asilo pese a las acusaciones de corrupción en su contra. Para México, aquella incursión constituyó una violación flagrante de la inviolabilidad diplomática, mientras que Ecuador justificó su actuación en la interpretación del alcance del asilo. Desde entonces, Suiza representa los intereses ecuatorianos en México y los mexicanos en Ecuador, un arreglo que refleja la profundidad de la crisis.
Este antecedente demuestra que cuando el asilo se convierte en un terreno de disputa política, las tensiones pueden escalar hasta niveles que comprometen la confianza entre Estados y afectan la estabilidad regional. En este contexto, el debate en la OEA no solo reabre diferencias jurídicas, sino que subraya la necesidad de proteger la integridad de los marcos normativos vigentes para evitar que los desacuerdos deriven en rupturas diplomáticas que, como evidencia la experiencia reciente, dejan cicatrices duraderas en el sistema interamericano. Al mismo tiempo, la discusión plantea un dilema central para la región: distinguir cuándo el asilo realmente protege a perseguidos políticos y cuándo podría funcionar como un refugio indebido para funcionarios acusados de corrupción. Esa frontera difusa genera decisiones complejas y puede intensificar las fricciones diplomáticas entre los Estados.
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