El Congreso de Argentina aprobó el 9 de abril de 2026 una reforma legislativa impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei, que redefine el marco regulatorio para la actividad minera en zonas de alta montaña, particularmente en entornos glaciares y periglaciares. La medida marca un punto de inflexión en la política de recursos naturales del país, al plantear un delicado equilibrio entre el desarrollo económico y la protección de recursos hídricos estratégicos.
La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, tras haber recibido previamente el aval del Senado en febrero. Con ello, la ley queda a la espera de su publicación oficial para entrar en vigor. En términos sustantivos, la reforma modifica la Ley de Glaciares de 2010 al transferir a las provincias la facultad de definir los criterios de protección sobre glaciares y zonas periglaciares, desplazando así un esquema previo basado en criterios científicos nacionales.
Para entender el alcance de la reforma, es clave explicar qué son las zonas periglaciares. Se trata de áreas que rodean a los glaciares o que están influenciadas por el frío extremo, donde el suelo permanece congelado parcial o totalmente durante largos periodos. Aunque no son glaciares en sí, cumplen una función fundamental: actúan como reguladores naturales del agua, almacenando y liberando agua de forma gradual, especialmente en regiones áridas como los Andes. Por esta razón, son esenciales para el abastecimiento de agua de poblaciones, agricultura e industrias.
En un entorno donde el acceso al agua y la estabilidad ecológica son cada vez más estratégicos, cualquier desajuste en esa ecuación podría tener consecuencias que trascienden lo inmediato y condicionan el desarrollo futuro del país
Desde la perspectiva económica, el gobierno ha destacado el potencial de la medida. El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que la reforma podría generar hasta 165 mil millones de dólares en exportaciones hacia 2035 y crear miles de empleos. Asimismo, el banco central ha estimado que Argentina podría triplicar sus exportaciones mineras para 2030, impulsada principalmente por la explotación de cobre, litio y oro. Sin embargo, la reforma ha generado fuertes cuestionamientos. Legisladores de la oposición, organizaciones ambientalistas y expertos advierten que permitir que cada provincia defina sus propios estándares podría debilitar la protección de estos ecosistemas, generando reglas desiguales en territorios altamente sensibles.En este contexto, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, ha señalado que la reforma podría poner en riesgo recursos hídricos de los que depende aproximadamente el 70% de la población. La preocupación radica en que tanto glaciares como zonas periglaciares funcionan como reservas clave de agua dulce, especialmente en un país donde amplias regiones dependen de estos sistemas naturales.
Desde 2010, la legislación vigente prohibía la minería y otras actividades industriales en zonas glaciares, que abarcan cerca de 17,000 cuerpos de hielo distribuidos en 8,484 kilómetros cuadrados. La nueva normativa introduce un cambio estructural al permitir, bajo ciertos criterios provinciales, el desarrollo de actividades en áreas previamente restringidas. Si bien el potencial económico es considerable, la implementación de la reforma dependerá en gran medida de su aceptación social y de la capacidad del Estado para garantizar estándares ambientales consistentes. En este sentido, el debate no solo gira en torno a la minería, sino a la gestión de un recurso crítico como el agua y a la sostenibilidad de largo plazo en un contexto de creciente presión sobre los ecosistemas.
En última instancia, la reforma abre una etapa de redefinición en la relación entre el Estado, los territorios y sus recursos naturales. Su impacto no se medirá únicamente en términos económicos, sino en la capacidad de sostener equilibrios complejos entre desarrollo, protección ambiental y confianza pública. En un entorno donde el acceso al agua y la estabilidad ecológica son cada vez más estratégicos, cualquier desajuste en esa ecuación podría tener consecuencias que trascienden lo inmediato y condicionan el desarrollo futuro del país.
Alide Flores Urich Sass
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