La Embajada de Estados Unidos en Madrid celebró el pasado jueves la recepción con motivo del 250º aniversario de la independencia del país. Entre los asistentes, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y representantes institucionales que no quisieron perderse una cita clave en el calendario diplomático de la capital. Como anfitrión, el embajador Benjamín León Jr. desplegó la bienvenida. A sus 81 años, el diplomático espera su primer hijo junto a su mujer, Mavileibys Campa Felipe, de 38, quien acudió a la cita con una visible barriguita. Entre ambos hay 43 años de diferencia y comparten raíces cubanas: León abandonó la isla en 1961, tras el triunfo de la Revolución, y forjó una trayectoria empresarial en Estados Unidos antes de ser nombrado embajador.
La presión del 5% del PIB
Lo que no se dijo en los discursos oficiales, pero ocupó los pasillos, fue la exigencia creciente de Washington para que España eleve su gasto militar al 5% del PIB. Hoy Madrid destina apenas el 1,3%, muy por debajo del 2% acordado en la OTAN. La cuestión ha dejado de ser una recomendación para convertirse en una línea roja que condiciona el futuro de la relación bilateral.
Las bases de Rota, en Cádiz, y de Morón de la Frontera, en Sevilla, no son solo instalaciones compartidas; son activos estratégicos que funcionan como moneda de cambio en una negociación que el gobierno de Pedro Sánchez no sabe bien cómo afrontar. Rota alberga el mayor despliegue de fuerzas estadounidenses en el sur de Europa y es pieza clave en la estrategia de defensa antimisiles de la OTAN. Morón, por su parte, sirve como hub de operaciones para África y Oriente Medio. Washington sabe perfectamente el valor de estos enclaves, y la presión por el 5% del PIB es, en buena medida, una forma de exigir que Madrid pague un alquiler que hasta ahora ha estado subvencionado.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, habla de «absoluta normalidad» en la relación. Pero en diplomacia, esa frase suele significar que las conversaciones duras suceden a puerta cerrada. En los despachos de la embajada y del Palacio de Santa Cruz, la cuestión no es solo presupuestaria: es una definición de lealtad dentro de la alianza, y España no tiene claro si puede o quiere— pagar ese precio.
El dilema del gobierno español
El ejecutivo de Sánchez navega en aguas particularmente turbulentas. Por un lado, la necesidad de preservar la relación con Estados Unidos como contrapeso a las tensiones con otros actores internacionales y como garantía de la seguridad colectiva europea. Por otro, la realidad de una coalición de gobierno y un arco parlamentario donde el aumento del gasto militar encuentra resistencias significativas, especialmente entre los socios de izquierda y las fuerzas nacionalistas. Elevar el gasto al 5% supondría multiplicar por cuatro el presupuesto actual de Defensa, una cifra que no encaja fácilmente en las prioridades de un gobierno que ha apostado por la expansión del gasto social.
Además, la exigencia del 5% llega en un momento de incertidumbre económica global. España, como el resto de economías europeas, afronta presiones inflacionarias, deuda pública elevada y la necesidad de financiar la transición energética. Destinar 50.000 millones de euros adicionales al año a Defensa que es aproximadamente lo que representaría el salto del 1,3% al 5%, implicaría recortes en otras partidas o un aumento de la carga fiscal que el gobierno no está en condiciones de asumir.
La oposición, por su parte, no ofrece una solución clara. El Partido Popular ha mostrado mayor disposición a incrementar el gasto militar, pero tampoco ha concretado cómo financiaria semejante esfuerzo. En el fondo, el debate sobre el 5% del PIB esconde una pregunta más incómoda: ¿qué tipo de aliado quiere ser España en la OTAN? ¿Un socio activo y solvente, o un miembro de segunda fila que depende del escudo estadounidense sin aportar proporcionalmente a su mantenimiento?
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