Desde su regreso al poder en 2007, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha consolidado progresivamente un modelo de concentración de poder que ha sido objeto de crecientes cuestionamientos por parte de la comunidad internacional. Tras unas elecciones ampliamente cuestionadas por observadores internacionales y después de sucesivas reformas institucionales, el mandatario de 80 años anunció el 19 de julio de 2026 que Nicaragua dejará de celebrar elecciones competitivas, argumentando que esta decisión busca impedir que la oposición, a la que acusa de estar respaldada por Estados Unidos, pueda acceder al poder. Durante el acto conmemorativo del 47.º aniversario de la Revolución Sandinista, Ortega afirmó categóricamente que «en Nicaragua no volverá a haber elecciones» y adelantó que impulsará nuevas disposiciones legales, junto con la Asamblea Nacional, para bloquear cualquier intento de la oposición de disputar el poder por la vía electoral.
El anuncio representa un punto de inflexión en la evolución del sistema político nicaragüense, al formalizar el abandono de la alternancia democrática como mecanismo de sucesión del poder. Si bien diversos organismos internacionales habían señalado desde hace años el deterioro de las condiciones democráticas en el país, esta declaración elimina cualquier ambigüedad sobre la intención del gobierno de mantener un esquema de poder permanente.
La comunidad internacional ya había cuestionado la legitimidad de las elecciones presidenciales de 2021, celebradas en un contexto marcado por la persecución de candidatos opositores, el encarcelamiento de líderes políticos, el cierre de organizaciones civiles y la restricción de libertades fundamentales. Diversos informes concluyeron que dichos comicios carecieron de las condiciones necesarias para ser considerados libres y competitivos.
Este proceso de concentración del poder se profundizó a principios de 2025, cuando entró en vigor una amplia reforma constitucional que transformó la estructura institucional del Estado nicaragüense. Entre sus principales modificaciones se encuentran la eliminación efectiva del equilibrio entre poderes, la ampliación del periodo presidencial de cinco a seis años, la subordinación de los demás órganos del Estado al Poder Ejecutivo y la creación de la figura de la «copresidencia», cargo asumido por Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega. Estas reformas fueron ampliamente criticadas por las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y diversos sectores de la oposición nicaragüense, quienes advirtieron que consolidaban un sistema de poder altamente centralizado.
En enero de 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos cuestionó públicamente la legitimidad del cargo de copresidenta, señalando que Rosario Murillo asumía esa posición «sin elecciones, sin mandato y sin legitimidad», al tiempo que sostuvo que el gobierno nicaragüense había privado a la población del derecho a elegir libremente a sus autoridades. Washington afirmó que un poder sustentado en la represión y en reformas constitucionales diseñadas para perpetuar al oficialismo no puede considerarse una expresión auténtica de la voluntad popular.
Las preocupaciones internacionales sobre Nicaragua no se limitan al ámbito electoral. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha sostenido que Daniel Ortega y Rosario Murillo han construido un régimen caracterizado por una fuerte represión política, atribuyendo a funcionarios del Estado responsabilidad en detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales y persecución sistemática contra organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y opositores políticos. Estas denuncias se intensificaron tras la respuesta gubernamental a las protestas de 2018, cuando más de 300 personas murieron durante la represión de las manifestaciones contra el gobierno. Desde entonces, centenares de ciudadanos nicaragüenses han sido privados de su nacionalidad, mientras que miles han optado por el exilio ante el riesgo de ser encarcelados o perseguidos por motivos políticos.
La trayectoria política de Daniel Ortega refleja una profunda transformación. Tras liderar la Revolución Sandinista que derrocó en 1979 al régimen de Anastasio Somoza, apoyado por Estados Unidos, Ortega gobernó entre 1985 y 1990 impulsando un amplio programa de reformas de orientación socialista. Sin embargo, durante su prolongado regreso al poder ha encarcelado incluso a antiguos compañeros del Frente Sandinista de Liberación Nacional que posteriormente se convirtieron en críticos de su administración.
En el plano internacional, el mandatario también aprovechó su discurso del 19 de julio para lanzar nuevas críticas contra Estados Unidos. Ortega condenó la captura, en enero de 2026, del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses, calificando la operación como una expresión del intervencionismo de Washington y acusando a Estados Unidos de intentar dominar a los países latinoamericanos para apropiarse de sus recursos. Asimismo, afirmó que existen sectores del exilio cubano que solicitan una intervención militar estadounidense en Cuba para detener a Raúl Castro, utilizando este ejemplo para denunciar, según su narrativa, los intentos de injerencia externa en la región.
El contexto regional también ha modificado la posición internacional de Managua. Durante años, Nicaragua mantuvo una estrecha coordinación política con Venezuela y Cuba, conformando uno de los principales ejes de cooperación ideológica en América Latina. Sin embargo, la intervención estadounidense en Venezuela y la creciente presión económica y diplomática ejercida sobre Cuba han incrementado el aislamiento internacional del gobierno nicaragüense.
Aunque durante buena parte de su mandato Ortega mantuvo una relación relativamente estable con distintas administraciones estadounidenses, en los últimos meses ha intensificado su retórica contra Washington. En abril de 2026 calificó al presidente Donald Trump como un «desquiciado mental» por la captura de Nicolás Maduro y por sus declaraciones respecto a una posible acción militar contra Cuba.Por su parte, Estados Unidos ha mantenido una política de presión mediante sanciones dirigidas contra altos funcionarios del régimen nicaragüense, familiares cercanos a la pareja presidencial y diversas instituciones vinculadas al gobierno. Estas medidas buscan incrementar el costo internacional de las violaciones a los derechos humanos y del progresivo desmantelamiento de las instituciones democráticas.
En conjunto, la decisión de eliminar la competencia electoral representa el paso más explícito hacia la institucionalización de un régimen sin alternancia política en Nicaragua. Más allá de sus implicaciones internas, el anuncio profundiza el debate regional sobre el debilitamiento de la democracia, la concentración del poder y el futuro de los mecanismos de protección democrática en América Latina.
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