Desde el golpe de Estado de 2021, Myanmar atraviesa un conflicto armado interno caracterizado por una represión sistemática del régimen militar contra la población civil y los grupos opositores. En este contexto, las fuerzas armadas han implementado diversas estrategias para debilitar a la resistencia, entre ellas la conocida política de los “cuatro cortes” (four cuts), orientada a privar a los insurgentes de recursos esenciales como alimentos, financiamiento, información y suministros. Dentro de este marco, una de las medidas más recientes y controvertidas ha sido la prohibición de la distribución de toallas sanitarias y otros productos de higiene menstrual, intensificada el 20 de abril de 2026. Aunque no existe una comunicación oficial por parte del gobierno militar, activistas y organizaciones locales coinciden en que la restricción responde a la creencia de que estos productos podrían ser utilizados por miembros de las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF) para tratar heridas o como material absorbente en condiciones de combate.
Sin embargo, expertos en medicina de combate cuestionan esta justificación, señalando que las toallas sanitarias no son adecuadas para el tratamiento de heridas, ya que no se mantienen en su lugar, no absorben suficiente sangre ni garantizan condiciones higiénicas apropiadas. Desde esta perspectiva, la medida refleja no solo una falta de conocimiento técnico, sino también la presencia de actitudes misóginas dentro de la estructura militar. Más allá de su aparente lógica estratégica, la prohibición tiene profundas implicaciones humanitarias y de género. En un país donde la menstruación continúa siendo un tema tabú, la restricción de productos básicos de higiene agrava la vulnerabilidad de mujeres y niñas, particularmente en zonas de conflicto y en campamentos de desplazados internos. Desde 2021, más de 3.5 millones de personas han sido forzadas a abandonar sus hogares, muchas de ellas viviendo en condiciones precarias con acceso limitado a agua potable y servicios de salud.
La imposibilidad de acceder a productos sanitarios adecuados obliga a muchas mujeres a recurrir a alternativas inseguras como trapos, hojas o papel periódico. Diversas organizaciones especializadas advierten que estas prácticas incrementan significativamente el riesgo de infecciones urinarias y del tracto reproductivo, así como de dolor e incomodidad prolongada. En un sistema de salud debilitado, grupos locales reportan un aumento sostenido en la demanda de antibióticos para tratar estas afecciones.
Lejos de ser una medida marginal, la restricción de productos de higiene menstrual en Myanmar revela cómo, en contextos de conflicto, incluso las necesidades más básicas pueden convertirse en instrumentos de control
El impacto económico de la medida refuerza aún más estas desigualdades. En el mercado negro, el precio de las toallas sanitarias se ha triplicado, pasando de aproximadamente 3000 a 9000 kyat, en un contexto donde el salario mínimo diario es de 7800 kyat. Esto convierte el acceso a productos de higiene menstrual en un lujo inaccesible para amplios sectores de la población.Asimismo, la restricción tiene consecuencias directas sobre la participación social y política de las mujeres. Muchas optan por permanecer en sus hogares durante su periodo menstrual, lo que limita su movilidad y reduce su involucramiento en actividades comunitarias, educativas y de resistencia. Diversos análisis coinciden en que esta medida constituye una forma de violencia de género, al utilizar una necesidad biológica como mecanismo de control social y debilitamiento político.En términos estratégicos, la prohibición también afecta de manera desproporcionada a las mujeres combatientes y a la población en territorios controlados por la oposición. La restricción de suministros básicos no solo dificulta las condiciones de vida, sino que también erosiona la capacidad organizativa y operativa de estos grupos.
Aunque organizaciones internacionales han realizado distribuciones de productos de higiene en el pasado, las restricciones actuales han complicado significativamente estos esfuerzos. Iniciativas locales que promueven el uso de productos reutilizables enfrentan obstáculos adicionales debido a la falta de acceso a agua limpia, lo que a su vez genera nuevos riesgos sanitarios.Ante esta situación, activistas han llevado el caso ante las Naciones Unidas, denunciando la prohibición como una violación de derechos humanos fundamentales. En este sentido, la restricción de productos de higiene menstrual trasciende su dimensión material para convertirse en un instrumento de control político y social, que profundiza las desigualdades de género en un contexto de conflicto armado.
Lejos de ser una medida marginal, la restricción de productos de higiene menstrual en Myanmar revela cómo, en contextos de conflicto, incluso las necesidades más básicas pueden convertirse en instrumentos de control. Al intervenir directamente sobre el cuerpo y la cotidianidad de las mujeres, el régimen no solo limita el acceso a insumos esenciales, sino que redefine las condiciones mismas de participación social, movilidad y dignidad. En este sentido, la prohibición trasciende lo logístico para inscribirse en una lógica más amplia de dominación, donde la desigualdad de género no es un efecto colateral de la guerra, sino una herramienta deliberada dentro de ella.
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