El Parlamento de Knesset ha aprobado una controvertida legislación que establece la pena de muerte como sentencia predeterminada para palestinos condenados por ataques mortales considerados actos de terrorismo. Esta medida, aprobada en tercera y última lectura el 30 de marzo de 2026 con 62 votos a favor y 48 en contra, ha suscitado un intenso debate tanto a nivel interno como en la esfera internacional. La iniciativa contó con el respaldo del primer ministro Benjamin Netanyahu.
El texto legal dispone que los acusados serán juzgados en tribunales militares y, en caso de ser declarados culpables, ejecutados mediante ahorcamiento en un plazo de 90 días, con la posibilidad de extender dicho periodo hasta 180 días. Aunque la ley contempla formalmente su aplicación a ciudadanos israelíes judíos, diversos analistas coinciden en que su implementación práctica resulta altamente improbable. Ello se debe, en parte, a que la normativa limita su aplicación a casos en los que se determine que el objetivo del ataque fue “negar la existencia del Estado de Israel”, un criterio que restringe significativamente su alcance.
Históricamente, Israel abolió la pena de muerte para delitos de asesinato en 1954. Desde entonces, la única ejecución llevada a cabo tras un juicio civil fue la de Adolf Eichmann en 1962, uno de los principales responsables del Holocausto nazi. Si bien los tribunales militares en Cisjordania tienen la facultad de imponer la pena capital, esta no ha sido aplicada en la práctica.
La aprobación de esta ley ha sido impulsada principalmente por sectores de extrema derecha, destacando el papel del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, como principal promotor. Ben-Gvir, quien ha defendido la aplicación de la pena capital como parte de su agenda política desde la campaña electoral de 2022, ha sido también una figura controvertida debido a antecedentes judiciales relacionados con incitación racista y apoyo a organizaciones catalogadas como terroristas.
La Autoridad Palestina condenó la medida al considerar que busca“legitimar ejecuciones extrajudiciales bajo cobertura legal”
En el plano internacional, la reacción ha sido inmediata. En la víspera de la votación, gobiernos de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia expresaron su profunda preocupación, advirtiendo que la legislación podría comprometer los principios democráticos y el Estado de derecho en Israel. Estas preocupaciones se insertan en un contexto global en el que la tendencia predominante apunta hacia la abolición de la pena de muerte. De acuerdo con Amnistía Internacional, 113 países han eliminado esta práctica, aunque aún persiste en aproximadamente 54 Estados, incluidos algunos sistemas democráticos como Estados Unidos y Japón.
Desde el ámbito palestino, las reacciones han sido igualmente contundentes. La Autoridad Palestina condenó la medida al considerar que busca“legitimar ejecuciones extrajudiciales bajo cobertura legal”. Por su parte, Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, advirtió que la ley amenaza la vida de los prisioneros palestinos en cárceles israelíes y exhortó a la comunidad internacional a intervenir para garantizar su protección.
En el ámbito jurídico interno, la Asociación por los Derechos Civiles en Israel ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo, que deberá decidir sobre la admisión del caso y evaluar la constitucionalidad de la norma. Este proceso será determinante para definir el alcance real de la legislación.Adicionalmente, organizaciones como B’Tselem han señalado que los tribunales militares en Cisjordania presentan tasas de condena cercanas al 96%, junto con denuncias históricas sobre la obtención de confesiones bajo coerción, lo que intensifica las preocupaciones sobre el debido proceso en el contexto de la nueva ley.
En suma, la aprobación de esta legislación no solo reabre el debate sobre la aplicación de la pena de muerte en Israel, sino que también plantea interrogantes fundamentales sobre el equilibrio entre seguridad, justicia y derechos humanos en un contexto de prolongado conflicto. Asimismo, su evolución jurídica y política se proyecta como un elemento clave en el escenario electoral israelí de cara a los comicios nacionales previstos para octubre de 2026.
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