Las recientes reformas constitucionales aprobadas en El Salvador representan uno de los cambios institucionales más significativos en la historia política contemporánea del país y reabren un debate que trasciende sus fronteras: el delicado equilibrio entre la legitimidad democrática, la eficacia gubernamental, la seguridad pública y la preservación del Estado de derecho. En un contexto regional marcado por la creciente demanda ciudadana de respuestas contundentes frente a la violencia y el crimen organizado, el caso salvadoreño se ha convertido en un referente tanto para quienes defienden un liderazgo fuerte como para quienes advierten sobre los riesgos de una progresiva concentración del poder.
El 31 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó una reforma constitucional que elimina los límites a la reelección presidencial, permitiendo que el presidente Nayib Bukele pueda competir por un número ilimitado de mandatos consecutivos. La iniciativa, aprobada mediante un procedimiento legislativo acelerado, también amplía la duración del periodo presidencial de cinco a seis años y adelanta las próximas elecciones generales a 2027, con el propósito de homologar los calendarios de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.
La reforma fue respaldada por los 57 diputados que integran la mayoría oficialista, mientras que únicamente tres legisladores de oposición votaron en contra. Desde la perspectiva del gobierno, estas modificaciones buscan fortalecer la estabilidad institucional, reducir los costos asociados a la organización de procesos electorales separados y dotar de mayor continuidad a las políticas públicas. Sin embargo, diversos actores políticos, académicos y organizaciones nacionales e internacionales han expresado preocupación por las implicaciones que estas reformas podrían tener para la alternancia democrática, la independencia de los poderes públicos y el sistema de pesos y contrapesos que caracteriza a los regímenes constitucionales.
Las recientes reformas constitucionales aprobadas en El Salvador representan uno de los cambios institucionales más significativos en la historia política contemporánea del país
La decisión adquiere una dimensión aún mayor al analizar el contexto jurídico que la precede. Nayib Bukele, quien asumió la presidencia en 2019, obtuvo un segundo mandato en 2024 pese a que la Constitución salvadoreña establecía una prohibición expresa a la reelección presidencial inmediata. No obstante, en 2021, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, integrada por magistrados nombrados tras la reconfiguración institucional impulsada por el oficialismo, resolvió que la posibilidad de buscar un nuevo mandato constituía un derecho político del presidente. Aquella resolución modificó de manera sustancial la interpretación tradicional del texto constitucional y sentó las bases jurídicas para las reformas aprobadas posteriormente.
Como parte del nuevo diseño institucional, el actual periodo presidencial concluirá de manera anticipada para sincronizar todos los procesos electorales en 2027. Si Bukele obtiene la nominación de su partido y resulta vencedor en las elecciones presidenciales previstas para ese año, permanecerá en el poder hasta 2033, acumulando catorce años consecutivos al frente del Ejecutivo desde su llegada a la presidencia en 2019. Este escenario supone una transformación significativa respecto al modelo constitucional salvadoreño, que durante décadas consideró la prohibición de la reelección inmediata como uno de los principales mecanismos para garantizar la alternancia política y prevenir la concentración del poder.
No obstante, el debate sobre estas reformas difícilmente puede comprenderse sin considerar el contexto político que ha consolidado el amplio respaldo ciudadano hacia el presidente Bukele. Desde el inicio de su administración, el mandatario ha impulsado una estrategia de seguridad caracterizada por una política de combate frontal contra las pandillas, organizaciones que durante años condicionaron la vida política, económica y social del país. La reducción histórica de los índices de homicidio, la recuperación del control territorial y la percepción de una mayor seguridad han fortalecido significativamente su legitimidad política, convirtiéndolo en uno de los líderes con mayores niveles de aprobación en América Latina.
Sin embargo, estos avances en materia de seguridad también han generado un intenso debate internacional sobre sus implicaciones para los derechos humanos. Desde la entrada en vigor del régimen de excepción en marzo de 2022, prorrogado en múltiples ocasiones por la Asamblea Legislativa, el Estado salvadoreño ha contado con facultades extraordinarias para combatir a las estructuras criminales. Como resultado, se estima que aproximadamente 75,000 personas han sido detenidas durante las operaciones de seguridad desarrolladas bajo este régimen.
Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos han cuestionado el alcance de estas medidas. En un informe publicado en diciembre, Amnistía Internacional sostuvo que El Salvador experimenta una «gradual sustitución de la violencia ejercida por las pandillas por violencia ejercida desde el Estado», al advertir que miles de personas habrían sido detenidas de manera arbitraria y que las restricciones al debido proceso, la defensa jurídica y otras garantías fundamentales podrían debilitar progresivamente el Estado de derecho. Estas observaciones han sido compartidas por otros organismos internacionales que consideran necesario fortalecer los mecanismos de supervisión judicial y garantizar el respeto de los derechos fundamentales, incluso en contextos de emergencia.
Por su parte, el gobierno salvadoreño sostiene que las medidas extraordinarias han sido indispensables para desmantelar las estructuras criminales que durante décadas ejercieron un control territorial significativo y limitaron la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de la población. Desde esta perspectiva, la reducción de la violencia constituye un requisito indispensable para el desarrollo económico, la estabilidad institucional y la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
La popularidad de Bukele también ha demostrado una notable resiliencia frente a otros episodios de controversia. Incluso las investigaciones periodísticas que señalan presuntas negociaciones entre su administración y organizaciones criminales, similares a las documentadas durante gobiernos anteriores, no han producido un deterioro significativo de su respaldo político. Para una parte importante de la sociedad salvadoreña, los resultados obtenidos en materia de seguridad continúan teniendo un peso determinante en la evaluación de su gestión.
En consecuencia, el denominado «modelo Bukele» ha comenzado a proyectarse más allá de las fronteras salvadoreñas. Su combinación de liderazgo altamente personalista, centralización del poder político, comunicación directa con la ciudadanía y una estrategia de seguridad basada en medidas excepcionales ha despertado interés entre diversos gobiernos latinoamericanos que enfrentan desafíos similares en materia de violencia e inseguridad. Mientras algunos observan en este modelo una alternativa eficaz para enfrentar al crimen organizado, otros advierten que su eventual replicación podría debilitar los principios democráticos, erosionar la independencia institucional y reducir los espacios de control sobre el poder ejecutivo.
En última instancia, las reformas constitucionales recientemente aprobadas representan mucho más que un cambio en las reglas de sucesión presidencial. Constituyen un caso de estudio sobre la evolución de las democracias latinoamericanas en un contexto donde la demanda de resultados inmediatos en materia de seguridad convive con la necesidad de preservar instituciones sólidas, independientes y capaces de garantizar el equilibrio entre los poderes del Estado. La experiencia salvadoreña continuará siendo observada con especial atención por gobiernos, organismos multilaterales y centros de investigación, no sólo por sus implicaciones para el futuro político de El Salvador, sino también por el precedente que podría establecer para el desarrollo institucional de otras democracias de la región.
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