Cuando pensamos en diplomacia económica, la imagen que suele venirnos a la mente es bastante clara: embajadas, consulados, ministerios y representantes diplomáticos defendiendo los intereses económicos de un país en el exterior.
Y no es una percepción equivocada.
En sentido estricto, la diplomacia económica forma parte de la política exterior de los Estados. Su finalidad es promover los intereses económicos nacionales mediante la acción diplomática: facilitar el comercio internacional, atraer inversión extranjera, apoyar la internacionalización de las empresas, abrir nuevos mercados o fortalecer las relaciones económicas con otros países.
Se trata, por tanto, de una competencia que corresponde al Estado y que ejercen las instituciones responsables de la acción exterior.
Sin embargo, cuando observamos cómo se construyen hoy las relaciones económicas internacionales, comprobamos que la realidad es mucho más compleja.
Aunque siga siendo una función del Estado, sus resultados dependen cada vez más de la capacidad para coordinar un conjunto de actores que, sin ejercer funciones diplomáticas, contribuyen de forma decisiva a la presencia internacional de un territorio.
Trabajando en la administración pública descubrí una realidad que, con el tiempo, he vuelto a encontrar en muchos otros contextos. Allí aprendí, de la mano de quienes ya practicaban esa forma de entender la internacionalización, que la proyección internacional de un territorio se construye desde muchos ámbitos distintos. Aunque el organismo en el que trabajaba no tenía competencias en acción exterior, cada reunión con empresas, cada proyecto europeo, cada misión internacional o cada colaboración con instituciones extranjeras contribuía, de una u otra forma, a fortalecer el posicionamiento del territorio en el exterior.
Fue entonces cuando comprendí que existe una diferencia importante entre ejercer la diplomacia económica y contribuir a que esta genere resultados. La primera corresponde a las instituciones responsables de la acción exterior. La segunda depende de un ecosistema mucho más amplio en el que participan administraciones públicas, universidades, empresas, cámaras de comercio, centros tecnológicos y otras muchas organizaciones.
La capacidad de un territorio para atraer inversión, talento, conocimiento y nuevas oportunidades dependerá, cada vez más, de que todos sus actores sean capaces de proyectar al mundo una identidad coherente y una estrategia compartida
Esta evolución ha dado lugar a conceptos como la paradiplomacia, que describe la acción internacional desarrollada por gobiernos regionales y locales en ámbitos como la cooperación, la innovación, la atracción de inversiones o el desarrollo económico. Lejos de competir con la política exterior de los Estados, estas iniciativas suelen complementarla y reforzar la presencia internacional de los territorios desde sus propias fortalezas.
En este contexto, las administraciones locales ocupan un lugar cada vez más relevante. No porque sustituyan la acción exterior del Estado, sino porque son quienes mejor conocen las fortalezas de su territorio y quienes mantienen una relación más directa con empresas, universidades y ciudadanía.
Los ayuntamientos y las câmaras municipais son, en muchas ocasiones, la primera institución con la que entra en contacto una empresa interesada en implantarse en un territorio, una universidad que busca un socio internacional o una delegación extranjera que quiere conocer sus capacidades.
Su proximidad les permite identificar oportunidades, generar confianza y construir relaciones duraderas. Además, conocen de primera mano el tejido empresarial y las fortalezas que diferencian a su municipio de otros territorios.
Su labor cotidiana —participar en redes internacionales, captar proyectos europeos, impulsar la innovación, promover la colaboración con otros espacios o reforzar la imagen exterior del municipio— no constituye diplomacia económica en sentido estricto, pero sí forma parte de esa acción internacional de proximidad que contribuye de manera decisiva a sus objetivos y al posicionamiento internacional del territorio.
En un contexto de creciente competencia entre territorios, la visibilidad internacional de una ciudad o una región ya no puede limitarse a participar ocasionalmente en una feria internacional o recibir delegaciones extranjeras.
Requiere una estrategia.
Una estrategia capaz de integrar desarrollo económico, innovación, cultura, turismo, conocimiento, sostenibilidad y comunicación bajo una misma visión.
Porque quien decide invertir en una ciudad no analiza únicamente los incentivos fiscales o el coste de implantación.
También observa la capacidad de colaboración entre instituciones, la existencia de un ecosistema innovador, la disponibilidad de talento, la conectividad, la seguridad jurídica y la imagen que ese territorio proyecta al exterior.
Todo comunica.
Y todo influye.
Por eso, la internacionalización ya no puede entenderse como una suma de iniciativas aisladas impulsadas por diferentes organismos. Los territorios que mejor se posicionan son aquellos capaces de coordinar esfuerzos y construir un relato coherente sobre aquello que son, aquello que ofrecen y aquello que aspiran a ser.
La diplomacia económica sigue siendo, con razón, una competencia del Estado.
Pero la proyección internacional de un territorio es una responsabilidad compartida.
Ministerios y embajadas continúan desempeñando un papel insustituible. Ahora bien, su labor resulta mucho más eficaz cuando encuentran administraciones regionales y locales comprometidas, universidades conectadas con el mundo, empresas innovadoras, organizaciones empresariales activas y una estrategia común que permita al territorio proyectarse con coherencia.
Quizá ese sea uno de los grandes retos de los próximos años.
No preguntarnos únicamente quién hace diplomacia económica, sino cómo conseguimos que todos aquellos que contribuyen a la presencia internacional de un territorio trabajen de forma coordinada.
Porque la reputación internacional no se construye únicamente en las embajadas. También se construye desde los municipios que saben proyectar sus fortalezas, desde las regiones que desarrollan una estrategia internacional, desde las universidades que generan conocimiento, desde las empresas que abren nuevos mercados y desde todas aquellas instituciones que entienden que la internacionalización forma parte de su estrategia de desarrollo.
La diplomacia económica seguirá siendo una competencia del Estado. Pero la capacidad de un territorio para atraer inversión, talento, conocimiento y nuevas oportunidades dependerá, cada vez más, de que todos sus actores sean capaces de proyectar al mundo una identidad coherente y una estrategia compartida.
Mayte Salazar (Badajoz, 1976) es Licenciada en Derecho, y en la actualidad socia fundadora de Garuda Consulting, firma especializada en asesoramiento estratégico e internacionalización de proyectos entre España, Portugal y países lusófonos. Cuenta con una sólida trayectoria en desarrollo territorial y cooperación institucional, habiendo desarrollado su carrera, más recientemente, en la Junta de Extremadura y en AICEP Portugal Global, en el ámbito de la promoción económica y la atracción de inversión. Actualmente acompaña a empresas e instituciones en el desarrollo de proyectos en el espacio ibérico e internacional, con especial foco en mercados de lengua portuguesa y América Latina.
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